Si bien el máximo tribunal determina que la iniciativa de tres senadores "persigue objetivos loables y se basa en un diagnóstico plausible", sostiene que propone algunas normativas que podrían ir en contra de los derechos humanos o de las potestades de los tribunales.
Al igual que el exjuez Sergio Muñoz, la otrora ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco solicitó acceder al informe que llevaba en su contra la Comisión de Ética del máximo tribunal. Sin embargo, el pleno de esa instancia se lo negó con el voto favorable de Muñoz, quien estuvo a favor de rechazar que la exjueza accediera a su expediente.
El tribunal de alzada determinó que la Sexta Sala deberá revisar si acoge la orden de no innovar, la que establece que mientras se revise el recurso de protección presentado por el exmagistrado, no se podrán destruir los antecedentes que tiene el máximo tribunal en la Comisión de Ética que lo investigó, lo que según lo establecido sería en un plazo de tres meses.
El exmagistrado, a casi un mes de haber sido acusado constitucionalmente, aseguró que sus otrora colegas actuaron irregularmente al negarle el acceso al informe de la Comisión de Ética que analizó una denuncia en su contra. Una de las principales peticiones es que el máximo tribunal no destruya los documentos de esa indagatoria, tal y como lo plantea el auto acordado que la regula.
Aseguran que se tratará de un gobierno más intenso y punitivo, reforzado por su control absoluto del Partido Republicano y su profundo resentimiento hacia el sistema. En conversación con La Tercera, quienes conocen de cerca la trayectoria del líder republicano anticipan las características de lo que será su retorno a la Casa Blanca.
Si bien la Corte Suprema dispuso medidas para aclarar la situación de los ministros mencionados por el abogado Juan Pablo Hermosilla, transversalmente abogados cuestionaron el trasfondo de la comunicación del abogado defensor de Luis Hermosilla.
“Solicitaron al Pleno la instrucción de una investigación sumaria administrativa con el objeto de poder ellos, en esa investigación, poder dar a conocer y acreditar efectivamente los antecedentes que los vincularon con el señor Hermosilla circunstancialmente", indicó la vocera del máximo tribunal, María Soledad Melo.
El Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite un recurso presentado por la defensa del recién reelecto gobernador del Ñuble, Óscar Crisóstomo, para quien la Fiscalía solicitó el desafuero por presuntos hechos de corrupción ocurridos el 2019. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Chillán rechazó la solicitud, la que fue apelada por el Ministerio Público ante la Corte Suprema, pero que ahora fue detenido por el TC.
El director del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Católica fue uno de los invitados a exponer en medio de las jornadas de reflexión que realizó la Corte Suprema, donde se analizó la reforma al sistema de nombramientos. Tras ello, el profesional asegura que los ministros tienen amplia disposición a generar mejoras y que, hasta ahora, han actuado con rapidez ante casos de irregularidades. Pese a ello, el profesional apunta a la necesidad de generar una serie de modificaciones.
El máximo tribunal determinó que el requerimiento presentado por 11 diputados de Chile Vamos, en contra de Consuelo Contreras y Francisco Ugás no cumplía con los requisitos exigidos para estimar que "existe la negligencia manifiesta e inexcusable" del cargo de ambos consejeros.
El máximo tribunal determinó que el requerimiento presentado por 11 diputados no reunía los requisitos para acogerlo y remover a la directora Consuelo Contreras y al consejero Francisco Ugás.
Once diputados de oposición pidieron que sea removida luego de que el INDH decidiera querellarse en el caso de Operación Topógrafo. El pleno del máximo tribunal también escuchará los alegatos del abogado del consejero Francisco Ugás.
Junto con ello, señalaron que también se mantendrá con arraigo nacional.
"Como ciudadanos, tenemos un rol protagónico en la exigencia constante de rendición de cuentas".
"Yo siempre espero que los mecanismos institucionales no se utilicen por ese tipo de objetivos", mencionó el recientemente asumido ministro de Justicia sobre las acusaciones de algunos sectores de que la salida del supremo se debería a una "revancha política".
