Las posturas entre los trabajadores y el gobierno están alejadas. Por un lado, el sector público presentaron una nueva propuesta que considera ahora un alza salarial de 7,2% nominal y 2,7% real (por sobre la inflación), mientras que Hacienda puso sobre la mesa como primera propuesta un incremento de 4,1% nominal.
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Tras la revisión del contenido del proyecto, que prevé una mejoría de sueldos de 12% de los trabajadores públicos, los parlamentarios expresaron sus inquietudes por la diferenciación de tramo y las exclusiones incluidas.
Un grupo integrado por Andrea Betancur, de la U, de Talca; Guillermo Larraín, de la U. de Chile; Claudia Martínez, del Instituto de Economía de la UC; Gabriel Ugarte y Rodrigo Vergara, del CEP, y Rodrigo Valdés, de la Escuela de Gobierno de la UC, modelaron dos escenarios para cuantificar el desembolso en que debería incurrir el Estado para financiar la propuesta constitucional.
Así lo revela el informe financiero de la iniciativa que se envió el viernes al Congreso, para un salario mínimo de $400 mil. El costo podría subir a unos US$500 millones si la inflación acumulada en doce meses supera el 7% este año y eso gatilla un mínimo de $410 mil en enero. La comisión de Trabajo de la Cámara convocó a una sesión para iniciar la tramitación este lunes.
Eso revela el informe financiero del tercer retiro del 10%, esa cifra considera a quienes de otra manera habrían tenido que pagar impuestos. El informe también muestra el efecto fiscal por mayor gasto en Pilar Solidario, un efecto tributario por APV, así como por el aumento de la tasa de cotización de 1% con cargo al empleador, por la bonificación de cargo fiscal, y por el bono de $200 mil para los que tienen “saldo cero”.
El bono se entregará en enero y febrero y el monto dependerá de la fase en que esté la cada comuna. Para recibir el primer pago, se deben postular entre el 8 y el 18 de este mes.
El gobierno ingresó el proyecto con un alza de 2,7% para ingresos de hasta $1,5 millones y de 0,8% para quienes ganaran más.
Los economistas afirman que las fuentes de financiamiento son reasignaciones, fondos soberanos o deuda. Recomiendan una mezcla de todas esas alternativas.
La cifra equivale a 2,3% del PIB y es mayor a la presentada el viernes pasado de US$4.580 millones.
Al completar la gradualidad del alza de la cotización extra, en 2032, el costo llegará a US$ 1.800 millones. La discusión comienza hoy en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.
Según el informe financiero la totalidad del monto será destinado para la ampliación del Subsidio al Empleo Joven.
De ese total un 55% de los recursos serían destinados al incremento de las remuneraciones mientras el 45% restante iría a los beneficios adicionales, según las estimaciones de Libertad y Desarrollo.
La gerenta del BC, Solange Berstein se refirió al Banco Popular, y dijo que las fórmulas de resolución han sido discutidas en el proyecto.
Principales medidas apuntan a subir a 16% la tasa de cotización y aumentar la edad de jubilación. Rodrigo Valdés advirtió su preocupación por el gasto que implican las sugerencias.
El ministro señaló que el alza en la cotización previsional se propone que sea gradual tomando en cuenta consideraciones del mercado laboral y la restricción fiscal.
