De acuerdo a un reciente informe de la Contraloría solo se utilizó un 8,3% de las 3.700 cajas adquiridas, con 3.387 expiradas, lo que equivale a haber perdido $886 millones. Por esta razón, el ente fiscalizador instruyó a la Subsecretaría de Salud Pública un procedimiento disciplinario para investigar posibles responsabilidades administrativas.
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