La ONG analizó las solicitudes de transparencia de la última década, con el objetivo de conocer si es que estos requerimientos terminaban o no en los tribunales de justicia, pudiendo determinar que la mayoría de los reclamos a la entrega de información se resuelve en el Consejo para la Transparencia (CPLT). En esa investigación, además pudieron determinar, entre otras cosas, la jurisprudencia que existe en la materia.
Junto con esto, se dio un plazo de 10 días hábiles a otras tres gobernaciones regionales para subsanar sus incumplimientos.
El diputado del Partido Republicano Juan Irarrázaval llegará hasta las dependencias del organismo liderado por Dorothy Pérez para advertir supuestas prácticas irregulares por parte de Bernardo Navarrete. Asegura que el profesional "ha lucrado durante años recibiendo una doble remuneración incompatible".
La actual subsecretaria, Gloria de la Fuente, era parte del consejo cuando entidad hizo la solicitud. La repartición estatal se negó a entregar la información, argumentando que las conversaciones aludidas para descartar supuesto vínculo de la exasesora de La Moneda con investigación del FBI se habían transmitido verbalmente.
La Corte Suprema confirmó el fallo del tribunal de alzada capitalino que determinó revocar las sanciones aplicadas a exjefes de la unidad de Transparencia del Ministerio de Salud. Los funcionarios habían sido sancionados por presuntas denegaciones reiteradas de acceso a la información, sin embargo, el máximo tribunal estableció que no correspondían sumarios a su respecto. Junto con eliminar los castigos aplicados, y pese a las alegaciones de la entidad, el CPLT fue condenado en costas por su porfía ante tribunales.
“Qué chu... es la Comisión Chilena de DDHH”, escribió Francisco Leturia en respuesta a una publicación de Twitter del ex convencional frenteamplista Jaime Bassa, quien compartió un comunicado de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH), en donde la institución se pronunciaba respecto a la propuesta de nueva Constitución.
A través de un comunicado señalaron que van a "iniciar un procedimiento sancionatorio en contra de las subsecretarías de Salud Pública y Redes Asistenciales tras haberse vencido el 22 de abril pasado la fecha para cumplir la orden de entrega de correos enviados y recibidos desde cuentas institucionales de ex autoridades de salud en plena crisis sanitaria por Covid-19″.
El presidente del consejo directivo del Servel, Andrés Tagle y el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Francisco Leturia destacaron la importancia de la transparencia en los proceso eleccionarios de cara a las elecciones venideras.
El tribunal decidió acoger los argumentos de la Agencia argumentando que dicha información podría afectar el cumplimiento de los objetivos de la institución.
Tras el encuentro -realizado en La Moneda-, De la Fuente valoró la instancia y explicó que en la cita se abordaron diversas materias de preocupación para el organismo como es avanzar en diversos proyectos de ley.
La entidad, por la unanimidad de sus miembros, acordó ordenar al jefe comunal que publique en el sitio web de esta instancia, que hoy son objeto de investigación en Contraloría y la fiscalía, una serie de antecedentes, como su organigrama, facultades, funciones y atribuciones de unidades internas, entre otros. Lo mismo sucede con su símil de Innovación, Desarrollo Económico y Social.
El tribunal de alzada de Santiago rechazó un reclamo de ilegalidad presentado por el excomandante en jefe, el general (R) Humberto Oviedo, donde se oponía a la liberación de este contenido, tras solicitud de Chile Transparente al Consejo para la Transparencia. "La hoja de vida de un funcionario de un órgano de la Administración, o de un exfuncionario, aunque dicho órgano sea una institución de la defensa nacional, es pública, pues se trata de información vinculada en forma directa con el cargo que ejerció el reclamante en el Ejército", dice el fallo.
Por 34 votos a favor los parlamentarios visaron la llegada al organismo de Natalia González Bañados, del centro de estudios Libertad y Desarrollo (LyD) y de Bernardo Navarrete Yáñez, docente de la Usach y ligado a la DC.
De cara a la conformación del órgano que redactará la nueva Constitución, el CPLT elaboró una propuesta que busca establecer las bases de transparencia con que debería funcionar la instancia.
Según la indagatoria del CPLT, un 76% de los 375 casos investigados al interior de 25 servicios de salud presentó infracciones a la Ley. La presidenta del organismo, Gloria de la Fuente, recalcó que el derecho de acceso a la información es inalterable en el estado de emergencia constitucional como la decretada durante la crisis sanitaria.
