Los extranjeros que tuvieron que dejar el país cumplían condenas por robo con intimidación, robo con violencia, narcotráfico y porte ilegal de armas. Se trata del primer vuelo de expulsión en lo que va del año.
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Durante la jornada de este jueves, la futura ministra de Interior, Izkia Siches, y su equipo -el futuro subsecretario de Interior, Manuel Monsalve; de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, y de Desarrollo Regional, Miguel Crispi- sostuvieron reuniones tanto como con gobernadores y alcaldes de la Macrozona Norte. Allí la jefa de Interior adelantó una visita a la zona una vez que asuma el cargo y además -según confirman las autoridades regionales- comprometió la continuidad del Estado de Excepción una vez que asuma la nueva administración.
La autoridad regional es la única perteneciente al Frente Amplio -coalición a la que pertenece el presidente electo Gabriel Boric- y ha sido una de las voces más críticas frente a la crisis migratoria que enfrenta el país. Asegura que el empadronamiento de extranjeros en situación irregular propuesto en el plan de Boric servirá si es bien planificado y entrega algunas claves de cómo se ha ido desarrollando este problema en su zona.
La estructura cubrirá más de la mitad de los 392 kilómetros de la frontera con con el país occidental de la Isla La Española. El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, señaló que la medida ayudará a "controlar" la migración ilegal y el crimen.
Las autoridades endurecieron los protocolos de ingreso a Chile, lo que repercutió en el balompié. Hay casos, como el del venezolano Néstor Canelón, quien no renovó su visa y hoy no puede entrar al país para jugar en Puerto Montt. En Iquique, tres jugadores perdieron una semana de pretemporada por defender una casa de un intento de toma.
La medida del Ejecutivo será aplicada en cuatro provincias: Arica, Parinacota, Tamarugal y El Loa, y estará vigente por 15 días para intentar contener la crisis migratoria que se vive en la Macrozona Norte.
Desde Médicos Sin Fronteras señalan que la situación en los pueblos al norte de México es crítica, con campamentos improvisados de migrantes centroamericanos. En el pueblo de Reynosa, al límite con Texas, se cuentan 2.500 personas.
El chofer, de 25 años, comenzó a manejar en la adolescencia. Familiares y amigos cuentan que siempre se apasionó por el volante, pues su padre también trabajó en el rubro.
En Chile, los transportistas están divididos en dos grandes confederaciones, además de los independientes y Chile Transporte. En cada una de esas agrupaciones, los liderazgos tienen estilos disímiles y marcados por constantes enfrentamientos entre ellos. Eso explica por qué pese al acuerdo llegado entre las organizaciones y el gobierno por la crisis en el norte, un sector continúa aún movilizado.
Pese a votar en contra de esta medida en el pasado, particularmente en la Macrozona Sur, en la actual oposición reaccionaron favorablemente al despliegue militar que dispuso el gobierno en cuatro provincias del norte del país.
El jefe del municipio cuenta cómo su comuna ha resistido la crisis humanitaria. Relata que muchos vecinos han decidido abandonar la zona y que, en promedio, reciben al día 600 extranjeros que cruzan el desierto desde Bolivia. También aborda cómo ha sido la implementación de la nueva legislación sobre las migraciones.
Además, el jefe comunal planteó que para que opere correctamente la reconducción de los migrantes "se requiere alguna barrera física y presencia efectiva del Ejército".
Parlamentarios reaccionaron favorablemente al estado de excepción constitucional que decretó el gobierno y que permitirá el despliegue de las FF.AA. Las opiniones favorables incluso provenían de sectores que serán parte del gobierno de Boric. El futuro presidente, además, ya se había reunido con la senadora electa Paulina Núñez (RN), quien le propuso buscar un acuerdo por el tema.
Tras el fallecimiento de un transportista, supuestamente a manos de inmigrantes irregulares, el gremio bloqueó las rutas y los accesos críticos de Arica, Iquique, Antofagasta y Valparaíso. Camioneros aseguran estar completamente indefensos ante la delincuencia que se registra en las carreteras.
Para enfrentar la crisis migratoria en el norte del país, el Ejecutivo financió la instalación de tres refugios provisorios, que estarán operativos por tres meses. Autoridades aseguran que han ayudado a soportar la crisis, mientras organizaciones promigrantes cuestionan el valor de los contratos.
