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“Este despliegue llevará casi a triplicar nuestra capacidad en menos de 24 horas en todo el departamento, asegurando la asistencia en puntos neurálgicos donde hemos visto actos de vandalismo, de violencia y terrorismo urbano de baja intensidad”, dijo el mandatario colombiano desde Cali, donde arribó entrada esta noche. El gobierno sostiene que las manifestaciones están “infiltradas” por grupos armados ilegales y Duque prometió demostrar dicho vínculo al desplegar “todas las capacidades de inteligencia”.

El fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) -uno de los grupos que componen el Comité Nacional del Paro-, Fabio Arias, ha señalado, en su perfil de Twitter, que se había acordado rubricar el pacto este martes y así “instalar la negociación”, pero el Ejecutivo del presidente Iván Duque ha aplazado la cita para el jueves. Las partes tienen que encontrar consenso en algunos puntos como la disolución del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), blanco de críticas por la represión, y la autorización a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para visitar el país y verificar los casos denunciados de violencia policial.

“Como lo ha manifestado el presidente (Iván Duque) existe plena voluntad para iniciar una mesa de negociación", señaló este lunes el alto comisionado de Paz del gobierno colombiano, Miguel Ceballos. Pese a ello, representantes de las organizaciones movilizadas contra el régimen de Duque, reiteraron que el paro nacional que se inició el pasado 28 de abril, se mantiene por ahora con las movilizaciones. “El paro continúa, las connotaciones del paro, la inconformidad y todas las causas que han motivado el paro se mantienen”, argumentaron.

Luego de más de tres horas de conversaciones no se logró ningún consenso para poner fin a las manifestraciones, aunque ambas partes se comprometieron a volver a reunirse este lunes. En paralelo, la organización que lidera las protestas llamó para el próximo miércoles "a una gran movilización, pacífica, todas y todos a la calle, con nuestra bandera y la cacerola, con estricto cumplimiento de las normas de bioseguridad”.

El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera dijo que el régimen del presidente Duque buscará “todos los puntos de acuerdo” que “el país está reclamando”. “Por eso es importante este tipo de negociaciones y creo que el país requiere lo más pronto posible las acciones que se necesitan”, agregó. Colombia cumplió este viernes 17 días de protestas, en rechazo a una polémica reforma fiscal, que ante la presión de las movilizaciones fue retirada. No obstante, las movilizaciones han continuado para exigir otras medidas, entre ellas retirar el proyecto de reforma a la salud, desmilitarizar los campos y ciudades, cumplir el Acuerdo de Paz, y desmantelar las organizaciones criminales.

La denuncia fue presentada por el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, quien junto a organizaciones de Derechos Humanos, reclamó la presencia ante la Justicia internacional de otras autoridades, como el ministro de Defensa, el comandante del Ejército y el director de la Policía. “Esta denuncia documenta que entre el 28 de abril a la fecha, existen 1.595 hechos en los que hay graves violaciones a los Derechos Humanos como asesinatos, tentativa de asesinatos, tortura, violaciones sexuales y retenciones arbitrarias”, subrayó el parlamentario.

La Defensoría del Pueblo, que vela por los derechos humanos, ajustó al alza el balance anterior de 27 víctimas mortales. Según la entidad, van “41 civiles” y “un miembro de la fuerza pública” fallecidos en estos días de movilización.

El monumento de Gonzalo Jiménez de Quesada fue derribada este viernes por la comunidad misak en Bogotá, la ciudad que el conquistador español fundó hace 482 años, en medio de una semana de protestas. “Para los pueblos indígenas en Colombia se trata de tumbar para sanar la memoria viva. Las estatuas de los colonizadores son la expresión del racismo, la discriminación y la violencia estructural en contra de los pueblos indígenas”, dijo Óscar Montero, líder del pueblo kankuamo y politólogo. “Los muestran como los héroes y conquistadores. ¡Aquí no conquistaron a nadie, ya había pueblos y comunidades indígenas!”, afirmó con vehemencia.

Asimismo, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, declaró este viernes que como el país se encuentra “en un momento crítico” frente a la pandemia, pide “evitar celebraciones, así como aglomeraciones en centros comerciales, porque esto nos genera una alta afectación, haciendo que se nos extienda este peak de contagios y decesos”. Dicha cartera indicó, además, que se han registrado en las últimas 24 horas 17.525 nuevos casos de coronavirus y 453 víctimas mortales con lo que la pandemia ha dejado hasta el momento 2.968.626 positivos confirmados, de los que 76.867 han fallecido y 2.788.751 personas han logrado recuperarse.

“Hay que escuchar a todos los sectores del país, pero también el país tiene que escuchar al gobierno (...)”, dijo el consejero presidencial Miguel Ceballos, mediador del gobierno con los manifestantes. Sindicatos, estudiantes, indígenas, ambientalistas y artistas, que conforman el Comité del Paro, acogieron la oferta con condiciones. En un video enviado a medios, Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, anunció que las conversaciones se iniciarán “previo a la desmilitarización de campos y ciudades donde han masacrado a los jóvenes protestando pacíficamente”.

“Mi deber es el de convocar al país para rechazar la violencia, promover y acelerar el Plan Nacional de Vacunación, alcanzar la reactivación, proteger a los más vulnerables, mantener sólidas las finanzas públicas y edificar un país que tenga como principio la verdad, la justicia”, dijo el mandatario en una declaración. Sin embargo, las protestas que seguirán mañana, y que fueron convocadas en oposición a una reforma tributaria ahora retirada, se convirtieron en un amplio grito contra la pobreza, el desempleo y lo que se considera como un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía.

Desde el 6 de abril funciona, por ahora, como residencia para las personas que deben hacer cuarentena de cinco días.

El 3 de marzo la Contraloría propuso al general director de Carabineros sancionar a generales por las instrucciones impartidas durante el control de manifestaciones, entre octubre y diciembre de 2019. En paralelo, la fiscalía investiga presuntos delitos de lesa humanidad por parte de Carabineros en el mismo periodo. Al interior del Ministerio Público hay quienes temen que la sanción administrativa los imposibilite de seguir con su indagatoria, a raíz del caso del secretario del Senado, Raúl Guzmán, quien logró no ser formalizado por infracción sanitaria tras recurrir al TC y decir que no podían aplicarle un doble castigo.

En los primeros días del estallido social, Álex Núñez (40) falleció en la ex Posta Central. La indagatoria apunta a que habría sido golpeado por carabineros en Maipú. A un año y cuatro meses de su muerte, aún sin culpables, el exgeneral de Carabineros Mario Rozas entregó su testimonio ante el fiscal. "Si se hubiera determinado la participación de funcionarios de Carabineros en este caso les habría correspondido la máxima sanción de mi parte", dijo. El sumario al interior de la institución sigue abierto, con diligencias pendientes.

La Tercera analizó las causas que tienen a 26 personas cumpliendo esta medida cautelar al 11 de diciembre pasado, según un estudio del Poder Judicial sobre los detenidos relacionados al estallido social. Hay desde acusados de quemar el Metro hasta un robo de tallarines.