El abogado y director de las Clínicas Jurídicas de la UDP es crítico del artículo ya aprobado en la Convención Constitucional, pues ve un riesgo para la influencia de grupos de poder sobre los magistrados, ejemplificando las fisuras entre las Cortes y los gobiernos, en España y Argentina. "Será un espacio donde las carreras de los jueces, las sanciones de los jueces, las designaciones, los traslados, las cargas laborales y la revisión integral serán determinadas por los jueces organizados en grupos de influencia (de izquierda y derecha) y, además, sectores de la política. Eso es un desastre", dice.
