El objetivo de los ciberdelincuentes -quienes envían información irregular a las víctimas- es robar dinero directamente o instalar un programa malicioso en el computador del usuario para así obtener las credenciales del mismo y luego sustraerles sus fondos.
Nivel4, consultora local que ha asesorado a más de 120 clientes y opera en cuatro países de la región, levantó información por sectores de la economía, revelando que los mejor preparados frente a vulnerabilidades críticas el año pasado fueron los de salud y financiero. Ven que como país, en general, “nos falta harto” por avanzar y piden acelerar el debate de un proyecto de ley que se tramita en el Congreso.
Una encuesta realizada en conjunto por Amcham y el Instituto de Directores de Chile (IdDC) de EY, mostró la preocupación en torno a la seguridad informática que existe en los órganos clave de cada gobierno corporativo. Desde el gobierno, en tanto, durante diciembre se realizó el primer ejercicio de ciberseguridad junto a 35 ejecutivos del sector privado.
De acuerdo con reportes emitidos por el Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT), hasta agosto de este año se han registrado 17.496 incidentes de seguridad informática. Por ello, autoridades insisten en que se está trabajando para elevar los estándares y así reforzar la protección de los organismos del Estado ante este tipo de ataques cibernéticos.
La iniciativa ingresaría en julio al Congreso, y plantea que este nuevo organismo estará encargado de la protección de la infraestructura crítica digital del país. Los roles de la Agencia fueron definidos según la experiencia que ha acumulado el gubernamental CSIRT desde que se fundó hace tres años.
A inicios de mes el CSIRT había advertido sobre esta vulnerabilidad que requería parches para ser subsanada. La banca también lo tenía en el radar y había parchado sus sistemas con anterioridad. El sábado la industria se enteró oficialmente de la brecha que estaba afectando a la autoridad, por lo que se encendieron las alarmas. Fue el mismo que afectó a la Autoridad Bancaria Europea y al parlamento de Noruega.
