El persecutor a cargo de la Región de Antofagasta indicó que respecto a los contenidos el Ministerio Público, no realizará "ninguna mención si lo que está allí es parte de la carpeta investigativa o no".
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Los chats revelaron, entre otras cosas, que la diputada estaba al tanto de las gestiones del convenio otorgado a Democracia Viva.
El defensor señaló que "se trata de meras suposiciones por el hecho de haber sido pareja de Daniel Andrade". La audiencia para analizar el desafuero de la diputada, en el marco del caso Democracia Viva, está programada para el 10 de febrero.
El fiscal Cristián Aguilar determinó iniciar nuevas pesquisas en razón de conversaciones que obtuvo en el marco del denominado caso Democracia Viva. En medio de ello, solicitó autorización al Juzgado de Garantía de Antofagasta para allanar un centro médico e incautar la ficha médica de la parlamentaria.
La solicitud de desafuero de la diputada sería revisada en febrero.
El subsecretario del Interior afirmó que “en general los delitos de corrupción daña la fe pública. Da lo mismo quien lo hubiese cometido”.
El titular del Minvu dijo esperar que "la Fiscalía siga haciendo su trabajo y llegue lo antes posible a determinar los hechos responsables y los eventuales delitos" en torno al caso, asegurando que "eso es lo más importante”.
Reportaje reveló las conversaciones detectadas por la Fiscalía, que podrían ser clave para lograr el desafuero de la diputada y procesarla así por el delito de fraude al Fisco.
Los abogados del mandamás de la disuelta fundación son claros en sostener que es completamente irregular que el Ministerio Público persiga responsabilidades por un fraude que ascendería a $426 millones, en circunstancias que solo se utilizaron -a juicio de ellos de forma regular- $131.615.700. Por lo mismo, hicieron entrega pormenorizada de los gastos e insistieron en que la otrora diputada RD no tuvo participación en tratos.
Cristián Aguilar pidió a efectivos de la Bridec de la PDI aclarar el vínculo entre la parlamentaria y los dos principales imputados en la investigación. Dado el escenario, querellantes adelantan que pronto habría novedades con su eventual formalización, aunque la defensa de la otrora militante de RD recalca que ya se ha descartado que haya tenido influencia. Atribuyen cuestionamientos a información divulgada de forma "tendenciosa".
Existen gestiones pendientes solicitadas tanto por las defensas de los imputados, como por el Consejo de Defensa del Estado y el propio Ministerio Público.
De acuerdo con lo planteado por el exseremi de Vivienda de Antofagasta, se habría omitido información relevante por parte del Ministerio Público. Por lo mismo, desde su defensa insisten en que si bien los seremis son quienes ejecutan los convenios, la facultad para elegir a las fundaciones recae en otras autoridades.
Los nuevos antecedentes revelan que la diputada estaba al tanto de la tramitación del millonario convenio otorgado por el Serviu de Antofagasta a Democracia Viva, dirigida en ese entonces por su pareja.
Un informe de la PDI revelado por la Segunda señala que la parlamentaria "habría tenido conocimiento desde julio del año 2022 del vínculo de su pareja, Daniel Andrade y Carlos Contreras, donde hay dinero involucrado y convenios con éste”.
Adicionalmente, la parlamentaria recalcó que ha colaborado con la investigación que lleva la Fiscalía al respecto: "El criterio ha sido de transparencia absoluta y espero que ese criterio prime no solamente para mí, sino que para todos los actores del proceso".
