En entrevista con La Tercera, la presidenta de la Comisión Interamericana de DD.HH. se refiere a los comicios de hoy en ese país, donde Daniel Ortega busca una nueva reelección.
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Cinco países de la región -Nicaragua, Argentina, Chile, Venezuela y Honduras- acudirán en las próximas tres semanas a las urnas para elegir nuevas autoridades. Los resultados de los comicios, que encuentran a cada gobierno con crisis internas y luchando aún con la pandemia del Covid-19, no solo impactarán en sus respectivos territorios, sino también podrían rearmar el escenario de alianzas latinoamericanas.
Entre sanciones internacionales, la detención de candidatos opositores e irregularidades en los tribunales electorales, los nicaragüenses acuden a las urnas este domingo en un proceso que algunos consideran viciado y hecho a la medida de Daniel Ortega, quien busca una nueva reelección.
El organismo manifestó que los comicios presidenciales nicaragüenses ocurren en un “clima de represión y cierre de los espacios democráticos en el país. Con ello se busca la perpetuación en el poder en forma indefinida y mantener privilegios e inmunidades, en un contexto de represión, corrupción, fraude electoral e impunidad estructural”. El gobierno de Ortega, al rechazar el informe de la CIDH manifestó que “no es sino una insultante, ofensiva y absurda recopilación de hechos falsos, tergiversados y manipulados que no reflejan la realidad de nuestro país y cuyo único fin es difamar al Estado”.
Estudio elaborado por IDEA Internacional, el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, y el Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas de Nicaragua define los comicios del próximo 7 de noviembre, en los que Daniel Ortega busca su quinto mandato, como “un plan doloso para acabar con la democracia”.
El escritor y exvicepresidente del régimen de Daniel Ortega dice a La Tercera que “son los modelos exitosos en institucionalidad los capaces de superar crisis profundas. Como Chile, donde el pueblo eligió una Asamblea Constituyente y a fin de año un Presidente”.
Una modificación constitucional aprobada por jueces nombrados por el oficialismo permiten al mandatario repostular de cara a las presidenciales en 2024, lo que forma parte de una serie de cambios legales impuestos por el Ejecutivo en los últimos meses.
El premio Cervantes 2017 y excolaborador del presidente Daniel Ortega es acusado, además, de recibir fondos -con el objetivo “desestabilizar” el país- de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Los cargos contra el autor de “Castigo divino” son los mismos que atribuyen a otros 34 opositores del gobierno detenidos entre junio y agosto, entre ellos siete aspirantes a la presidencia, a falta de solo dos meses para la realización de elecciones generales. Ramírez, quién está fuera del país de Centroamérica desde fines de junio, emitió un comunicado donde señala que es "un escritor comprometido con la democracia y la libertad (...) las únicas armas que poseo son las palabras y nunca me impondrán el silencio".
El régimen de Daniel Ortega llamó a consultas a sus embajadores en Argentina, Colombia, México y Costa Rica, países a los que calificó de “irrespetuosos” e “injerencistas”.
El abogado de DD.HH estadounidense, cuya carrera ha inspirado una serie de Amazon Prime, sostiene que un prisionero político “es alguien detenido por ser quien es o por lo que cree, y que no ha utilizado ni defendido la violencia”. Genser, que recalca la importancia de los mecanismos internacionales de monitoreo sobre derechos humanos, ha sido el abogado de figuras como Liu Xiaobo y Desmond Tutu, y ahora defiende a dos candidatos presidenciales presos en Nicaragua.
En conversación con La Tercera desde Managua, el abanderado presidencial de la Alianza Ciudadanos por la Libertad señala que “yo ni siquiera estaba aspirando a esta candidatura”. Anoche, el Consejo Supremo Electoral canceló la personería jurídica del partido opositor, sacándolo del juego político tres meses antes de las elecciones presidenciales.
El país ya vetó el 12 de julio el ingreso al país de un centenar de legisladores, jueces y fiscales nicaragüenses y sus parientes directos, bajo su política de denegación de visado a “responsables o cómplices de socavar la democracia”.
Después de una ola de detenciones que ha dejado tras las rejas al menos a siete precandidatos presidenciales y a cuatro meses de los comicios generales, la Alianza Ciudadanos por la Libertad (Alianza CxL) logró inscribir formalmente al excomandante de la contrarrevolución sandinista Óscar Sobalvarro y a la miss Nicaragua 2017, Berenice Quezada, para frenar al orteguismo en las urnas. Ayer venció el plazo para inscribir candidatos.
“Tenemos nuestra fórmula, nuestros candidatos electos en este congreso por unanimidad”, Ortega y Murillo, anunció el militante sandinista Gustavo Porras, durante el congreso del FSLN.
