El magistrado Mario Cayul, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, aprobó el "no inicio" de investigación tras la denuncia interpuesta por su par, el magistrado Daniel Urrutia, en contra de un superior jerárquico de ambos, el ministro del tribunal de alzada capitalino Juan Cristóbal Mera. En definitiva, el Ministerio Público consideró que el juez acusó a otro magistrado sin prueba alguna y por ello la Fiscalía decidió no intervenir en la disputa.
Asimismo, también se le ordena "abstenerse de intervenir" en la causa contra la suspendida ministra.
La defensa de la magistrada pidió la recusación del abogado ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Como detallaron, el requerimiento se funda en que el juez ha mantenido conductas que "representan una evidente falta de imparcialidad".
En medio de la diligencia, los efectivos se llevaron un segundo celular de la magistrada -anteriormente había hecho entrega de su dispositivo personal y ahora entregó el institucional-, una tablet que utilizaba en el desempeño de sus labores en el máximo tribunal y el computador de su hija.
Tras la determinación, un juez de garantía deberá fijar una audiencia a fin de debatir las condiciones en que se encuentra el imputado y ahí “revisar si ellas se ajustan a su clasificación, si persiste la necesidad de segmentación y, en su caso, se adopten las medidas en resguardo al derecho a visitas que le asiste”.
La acción busca "indagar la situación que se produjo y esclarecer algunos hechos que requieren mayor precisión", señaló el presidente del tribunal de alzada de Santiago.
Tribunal de alzada anuló de oficio fallo del magistrado y revocó resolución a la que se opuso Gendarmería.
Son 59 los reos que permanecen en el recinto penitenciario, donde son vigilados por 387 cámaras. El régimen de visitas fue cuestionado por el juez Urrutia, lo que abrió una discusión de fondo que se resolverá en la corte, la próxima semana.
“Hemos insistido que lo que estamos defendiendo es la seguridad de un establecimiento de máxima seguridad", dijo el ministro de Justicia. Magistrado autorizó en enero que reos de alta peligrosidad tuvieran videollamadas.
El tribunal de alzada resolvió dar curso a la apelación de Gendarmería, mientras resuelve el fondo de la alegación.
Los reclusos en cuestión se encuentran en la Cárcel de Alta Seguridad. Allí, explicó el titular de Justicia y Derechos Humanos, están detenidos "esencialmente líderes de bandas de crimen organizado transnacional".
Carlos Quezada aseguró que no tiene patrocinio o poder vigente en ninguna de las causas activas de Rafael Marín Vielma, reo beneficiado con visita íntima tras una orden del juez.
"Efectivamente había un abogado que habría prestado servicios al juez Urrutia, defendiéndolo en algunas causas y que, paralelamente a eso, el año 2020 también habría defendido a una de las personas privadas de libertad en el centro de alta seguridad que fue beneficiada con una de las decisiones que tomó el juez Urrutia”, indicó el subsecretario del Interior.
El padre del menor de edad presentó un recurso para decretar ilegal la decisión del cuestionado juez Daniel Urrutia, quien -según señala el escrito- decretó la medida pese a que la abogada de la madre del niño es hermana de un amigo del magistrado, con quien incluso compartiría domicilio. Además de eso, se exponen los malos tratos, sin provocación, que habría realizado Urrutia en contra del imputado, a quien hasta amenazó con "encerrarlo en el calabozo" mientras durara la audiencia.
Se trataría de Carlos Quezada, el defensor del colombiano Rafael Marín. Este último fue condenado a 15 años de prisión por tráfico de drogas y, además, fue a quien el magistrado le concedió una “visita íntima” con su pareja. Quezada no solo es un antiguo conocido de Daniel Urrutia, sino que también es su abogado personal.
