Con menos de un año de antigüedad en el corretaje de propiedades, una de las compañías encargadas de adquirir los terrenos e inmuebles para la instalación del tercer Centro de Salud Familiar de la comuna administrada por Daniela Peñaloza (UDI), está hoy bajo la lupa del Ministerio Público, que este jueves allanó el municipio. Todo esto, tras la denuncia presentada por los ediles que alertaron presuntas irregularidades e ilícitos en esta adquisición. Según su denuncia, la empresa obtuvo un pago de sobreprecios, y sostienen que habría existido ocultamiento de información por parte de la alcaldía.