Una empresa que “ayudaba” a los municipios y hogares de Suecia a deshacerse de sus residuos ocultaba una oscura realidad que terminó con 11 detenidos, entre ellos, Bella Nilsson, quien se hacía llamar la “reina de la basura”.
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Mientras el contrato entre la aseguradora Mapfre y la comunidad del edificio Miramar Reñaca solo cubre “riesgos de la naturaleza”, Sernapesca pidió investigar la presunta "afectación a especies hidrobiológicas" producto de los deslizamientos, al tiempo que un abogado denunció al Fisco “la grave amenaza de ruina y peligro”. Asimismo, la Fundación Defendamos la Ciudad pidió a la alcaldesa Ripamonti autodenunciar al municipio para que la Fiscalía investigue los permisos de obras, todo esto en tanto los edificios se mantienen inhabitados.
El Primer Tribunal Ambiental fijó la realización de actividades preliminares y campañas de monitoreo en el sitio donde antes operó la ex Central Diésel Iquique, a petición de la eléctrica. La zona franca acusa a la compañía de capitales franceses por abandonar entre los restos inútiles de la ex generadora “combustibles y otras sustancias peligrosas”, y de causar un daño ambiental significativo.
En su contestación ante el Primer Tribunal Ambiental, la compañía eléctrica de capitales franceses acusa a la sociedad que opera una de las mayores zonas francas de Sudamérica de actuar como “propietario oportunista”. Eso sí, la eléctrica reconoce que ambas partes deben responder por “la eventual afectación del suelo” que ocasionó la operación histórica de la central en los terrenos del zona franca.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una demanda por reparación por daño ambiental en contra de Nova Austral S.A., debido a la afectación al Parque Nacional Alberto de Agostini, el que se encuentra en los fiordos del sur en la Región de Magallanes. Lo anterior, como consecuencia de la sobreproducción desde sus centros y el vertimiento de agentes contaminantes en el fondo marino sin autorización.
Aunque la decisión contó con ocho abstenciones, ningún Estado se opuso a la declaración. El titular de la ONU califica la adopción de esta decisión como “histórica”.
El magistrado Carlos Moreno Briones argumentó la necesidad de ahondar en las indagatorias "dado que, por ejemplo, un querellante planteó la existencia de antecedentes que darían cuenta de una comunicación entre un imputado y una autoridad incumbente". Sin embargo, desestimó la petición de fiscalía de dejar con arraigo nacional a los acusados.
Un nuevo estudio calcula los residuos generados por el uso de N95 y sugiere posibles formas de reducirlos.
La Municipalidad de La Ligua pide que se ordene la reparación del daño ambiental causado por dos empresas agrícolas de la zona.
La empresa Geotérmica del Norte arriesga una multa que podría alcanzar los US$2 millones e incluso el cierre de la planta. La autoridad determinó que incumplieron la norma con 16 infracciones. De estas, tres son graves y otras 13 son leves. La compañía presentó un programa de cumplimiento.
Pescadores acusan un supuesto derrame de ácido en el puerto de Michilla. Empresa minera se defiende.
