Etiqueta: DD.HH.
El médico fue indemnizado en agosto de este año por los daños que sufrió durante la dictadura. De esa forma, se estableció que el Fisco debía pagarle $350 millones.
Homicidio del ciudadano español y funcionario de la Cepal constituyó un caso emblemático de violaciones de derechos humanos en dictadura. Oficial (r) está también procesado como autor del homicidio del conservador de Bienes Raíces de Santiago, Renato León Zenteno.
El tribunal también estableció “que el proceso penal configuró la criminalización de los actos de protesta social pacífica emprendidos por las víctimas".
Según los registros del Ministerio de Justicia, 2.115 personas, 128 mujeres y 1.983 hombres, fueron ejecutados por la más reciente dictadura en Chile.
La líder opositora venezolana calificó de “crucial” la resolución del Consejo de DD.HH. de Naciones Unidas que establece la renovación de la Misión Internacional Independiente para Venezuela y que, además, “condena las violaciones de los derechos humanos" por parte del régimen de Maduro.
Los condenados fueron detenidos en cumplimiento de una orden de aprehensión por parte de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI.
Cámaras de seguridad captaron a una mujer rompiendo imágenes de detenidos desaparecidos en las afueras del recinto, mientras se encontraba con el aspirante a concejal por Ñuñoa Carlos Vega, quien grabó los hechos con su celular. Desde la colectividad ofrecieron disculpas e instaron al aspirante a realizar la misma acción de manera personal.
La letrada dijo esperar que "este gobierno no siga garantizando la carrera funcionaria a quienes estuvieron involucrados en graves violaciones de los derechos humanos”.
Tribunal declaró que existió una violación a los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial por medida que aplicó la Corte Suprema entre 2007 y 2010 en los casos de 44 detenidos desaparecidos y cinco ejecutados políticos. Entre los procesos considerados figura el del crimen contra el periodista José Carrasco.
La Fiscalía Centro Norte, INDH, CDE y el querellante que representaba a la víctima habían presentado requerimientos.
Tribunal de alzada puntualizó que es “un hecho público y notorio, que las personas condenadas por los delitos a que se refiere el recurso, son de la tercera edad, y que por ende requieren desde el punto de vista de su salud física y sicológica, una atención expedita y que la autoridad penitenciaria cuente con los recursos idóneos para satisfacer sus necesidades patológicas".
