Esto luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), comunicará que sus indagatorias determinaron que al menos 6.402 civiles fueron ejecutados por militares en Colombia y presentados como caídos en combate entre 2002 y 2008.
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Horas después, la embajada de Emiratos Árabes Unidos en Londres aseguró en un comunicado que la princesa “está siendo atendida en su hogar” y que “su estado continúa mejorando”.
La máxima representante de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas manifestó que "bajo cualquier circunstancia" es inaceptable el uso de armas en contra de quienes protesten de forma pacífica.
La decisión de la justicia saudí se da en medio de la presión ejercida por la Casa Blanca para que Riad respete los derechos humanos.
"Nuestra retirada en junio de 2018 no hizo nada para fomentar un cambio significativo, sino que creó un vacío de liderazgo estadounidense, que los países con agendas autoritarias han utilizado para su beneficio", detalla la declaración del Departamento de Estado.
El director del organismo para las Américas, José Miguel Vivanco, señaló que, “la policía no puede matar a una persona porque se resiste a un control de identidad”.
Manuel Merino, quien estuvo en el poder durante seis días, cuestionó a la alta comisionada Michelle Bachelet, señalando que, "sabemos qué corriente política tiene, sabemos que es chilena". Por su parte, el ministro del Interior de Perú, indicó que las conclusiones "son valiosas" pero "un poquito exageradas".
De acuerdo al director ejecutivo del organismo para las Américas, José Miguel Vivanco, el año pasado se consolidación de tres dictaduras "más fuertes que nunca" en la región.
El documento, realizado por la misión que visitó Lima entre el 17 y el 22 de noviembre, fue publicado jornada y destaca el incumplimiento de normas y estándares internacionales de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad peruanas.
Además, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas dijo estar consternada “por las graves amenazas y la destrucción de la propiedad que sufrieron los profesionales de los medios de comunicación” durante los incidentes.
Desde el organismo indicaron que el proyecto, durante su tramitación y el resultado final, “ha tenido en cuenta las normas y estándares internacionales de derechos humanos, especialmente en materia de derechos sexuales y reproductivos”.
El exgeneral director de Carabineros declaró en la causa por presuntos delitos de lesa humanidad vinculados a la crisis social. Indicó que las coordinaciones de orden público recaían en Ricardo Yáñez, el actual jefe de la policía uniformada.
Así lo revela el informe regional para América Latina del Global State of Democracy in Focus, publicado por IDEA Internacional, organización intergubernamental que promueve la democracia en el mundo.
En un informe entregado por el organismo se señala que se investigarán los encarcelamientos de “miles de miembros de la oposición, reales o aparentes”, al gobierno de Nicolás Maduro, algunos de los cuales “habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos”. También se indagarán “lesiones o muerte de algunos miembros de las fuerzas de seguridad” por parte de manifestantes.
La Alta Comisionada denunció asimismo la incapacidad de los países en invertir en sus sistemas de salud, la reacción tardía a la pandemia o la falta de transparencia sobre su propagación.
