Se trata de un falso denunciante de violaciones a los derechos humanos en el contexto del estallido social de 2019, en la Región de La Araucanía, quien obtuvo una pensión de gracia.
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Asimismo, se informó que el gobierno solicitará al CDE que evalúe las acciones legales pertinentes por obtención fraudulenta de beneficios estatales, además de buscar la restitución de fondos.
La misión percibe "graves dificultades" para la correcta celebración de las elecciones presidenciales.
El exuniformado se negó a cumplir la pena de presidio mayor de 15 años y un día que el tribunal dictó en su contra.
La pareja de cineastas fue secuestrada en noviembre de 1974. Ambos fueron objeto de torturas en los centros de detención política Villa Grimaldi y Cuatro Álamos. Desde mediados de diciembre de 1974 permanecen como desaparecidos. Con la sentencia emanada desde el máximo tribunal, Krassnoff suma 1047 años de condena por crímenes de lesa humanidad.
Políticos, diplomáticos y académicos de la región, rechazaron y calificaron de “grave error político” la suspensión de la oficina de DD.HH. de la ONU en Venezuela. En ese sentido, manifestaron que expulsar a los funcionarios “por hacer su tarea sólo expresa una miopía política".
Luego de que se filtrara un audio del abogado admitiendo presuntos delitos, las exautoridades optaron por otros juristas.
Da un plazo de 72 horas a los trabajadores para que abandonen el país. La suspensión de su actividad se da tras las palabras de la oficina sobre la detención de la activista hispanovenezolana Rocío San Miguel.
El directivo de la divisón nacional de la organización se mostró en desacuerdo con las declaraciones del Presidente Gabriel Boric, quien el pasado viernes en el Funeral de Estado del exmandatario, señaló que "las querellas y recriminaciones fueron más allá de lo justo y razonable”.
El proceso de investigación sigue adelante contra Mario Rozas, exgeneral director de Carabineros; y Ricardo Yáñez, quien durante el 18-O era director de Orden y Seguridad de la misma institución.
Oficialismo consideraba que la iniciativa abría la puerta a que los presos por crímenes contra los derechos humanos del penal de Punta Peuco accedieran al arresto domiciliario.
En su intervención, la delegación de Chile pidió que se “garantice un entorno seguro y propicio para que los defensores de los derechos humanos desarrollen su labor” en el gigante asiático.
Comité republicano se acogió a reglamento para realizar una "segunda discusión" de la iniciativa, petición que fue acogida por la mesa de acuerdo a la normativa, Senadora Isabel Allende acusó a la oposición de utilizar “cualquier expediente” para dilatar la votación al no tener el respaldo para aprobación.
“La aprobación de esta ley nos haría caer en incumplimiento de nuestras obligaciones internacionales, de proscribir la impunidad en materia de derechos humanos”, sostuvieron los partidos de gobierno en un comunicado, agregando que la iniciativa, impulsada por la derecha, “de forma encubierta incorpora a los condenados por delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura".
El histórico DC fue parte de 13 militantes del Partido Demócrata Cristiano que firmaron una declaración pública de rechazo al golpe militar, cuando la colectividad a la que pertenecían adhería públicamente al régimen.
