Entre el 31 de marzo y el 1 de abril de 1964, el gobierno del Presidente João Goulart fue depuesto por los militares, dando el inicio así a una dictadura que se extendería hasta 1985. Según la prensa local, el Ministerio de DD.HH. planeaba disculpas públicas a las víctimas y otras acciones para conmemorar la fecha. Sin embargo, Luiz Inácio Lula da Silva habría vetado los actos para evitar enfrentamientos con los militares, a poco más de un año del fallido golpe de Bolsonaro.
De acuerdo con la resolución del tribunal de alzada, la jueza que encausó a agentes del Estado involucrados "incurrió en un vicio que influye en lo dispositivo del fallo al calificar los hechos", por lo que se ordenó retrotraer el proceso a etapa de sumario. Sin embargo, aquello es cuestionado por los abogados querellantes, quienes insisten en que hubo una calificación correcta y que con esto se está obstaculizando el acceso a la justicia.
Golpearon a un hombre y procedieron a doblarle las extremidades y asfixiarlo, para, luego, tras un retén móvil en las cercanías de la Primera Comisaría, tomarlo de los brazos y pies, balanceándolo y azotándolo contra el portón de una propiedad. La víctima resultó con diversas lesiones, siendo una de ellas de carácter grave, consistente en una fractura de huesos nasales con desplazamiento.
Miles de manifestantes recuerdan a las víctimas de la dictadura. Por otra parte, el vídeo publicado por la Casa Rosada no menciona las desapariciones, torturas y asesinatos cometidos en ese periodo.
Se trata de un falso denunciante de violaciones a los derechos humanos en el contexto del estallido social de 2019, en la Región de La Araucanía, quien obtuvo una pensión de gracia.
Asimismo, se informó que el gobierno solicitará al CDE que evalúe las acciones legales pertinentes por obtención fraudulenta de beneficios estatales, además de buscar la restitución de fondos.
La misión percibe "graves dificultades" para la correcta celebración de las elecciones presidenciales.
El exuniformado se negó a cumplir la pena de presidio mayor de 15 años y un día que el tribunal dictó en su contra.
La pareja de cineastas fue secuestrada en noviembre de 1974. Ambos fueron objeto de torturas en los centros de detención política Villa Grimaldi y Cuatro Álamos. Desde mediados de diciembre de 1974 permanecen como desaparecidos. Con la sentencia emanada desde el máximo tribunal, Krassnoff suma 1047 años de condena por crímenes de lesa humanidad.
Políticos, diplomáticos y académicos de la región, rechazaron y calificaron de “grave error político” la suspensión de la oficina de DD.HH. de la ONU en Venezuela. En ese sentido, manifestaron que expulsar a los funcionarios “por hacer su tarea sólo expresa una miopía política".
Luego de que se filtrara un audio del abogado admitiendo presuntos delitos, las exautoridades optaron por otros juristas.
Da un plazo de 72 horas a los trabajadores para que abandonen el país. La suspensión de su actividad se da tras las palabras de la oficina sobre la detención de la activista hispanovenezolana Rocío San Miguel.
El directivo de la divisón nacional de la organización se mostró en desacuerdo con las declaraciones del Presidente Gabriel Boric, quien el pasado viernes en el Funeral de Estado del exmandatario, señaló que "las querellas y recriminaciones fueron más allá de lo justo y razonable”.
El proceso de investigación sigue adelante contra Mario Rozas, exgeneral director de Carabineros; y Ricardo Yáñez, quien durante el 18-O era director de Orden y Seguridad de la misma institución.
Oficialismo consideraba que la iniciativa abría la puerta a que los presos por crímenes contra los derechos humanos del penal de Punta Peuco accedieran al arresto domiciliario.
