A través de una declaración publicada por Cancillería, el gobierno de Chile manifestó que “el deterioro de la situación de los derechos humanos y libertades públicas en ese país, constituye un obstáculo a la realización de un proceso electoral acorde a las normas y estándares internacionales”.
Las precandidatas presidenciales del PS y la DC destacaron además la necesidad de otorgar una renta básica universal de emergencia de al menos $ 600 mil mensuales por familia hasta diciembre.
En una declaración dicha colectividad sostuvo que el trabajo del organismo internacional se hizo “en base a versiones obtenidas a distancia, en el que no se ha tenido un intercambio real con las autoridades de ese Estado, es decir, carente de pruebas fácticas” sobre violaciones a los DD.HH.
A la declaración que adhirió Chile, también se sumaron los EE.UU., miembros del Grupo de Lima, del Grupo de Contacto Internacional y de la Unión Europea. Desde Caracas, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, consideró el comunicado “extravagante”, “absurdo” e “injerencista”, y acusó al jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, de ordenar a “un grupo de gobiernos satélites” a firmarlo.
En una declaración pública de su comisión política, la colectividad también solicita al gobierno que con urgencia "tome todas las medidas necesarias para conseguir la aprobación de las leyes que van en ayuda de las personas que no cuentan con recursos económicos para llevar adelante una adecuada cuarentena, especialmente las medidas de apoyo a la clase media recientemente anunciadas".
Más de 270 líderes se unieron hoy para manifestarse en contra del plan de Israel para anexar Cisjordania. La declaración convocó a figuras de que van desde la presidenta de la UDI a la excandidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, además de exmandatarios como Evo Morales y Lula Da Silva.
Ministro de Economía viajó a mediados de febrero a Temuco para declarar, en calidad de testigo, en la causa que investiga posibles delitos de cohecho y tráfico de influencias.
Según el abogado Javier Jara Müller, que representa al mayor Patricio Marín, éste entregará antecedentes relevantes, entre otros referidos al llamado "Informe 130" de Inteligencia que está en la base del descalabro judicial de Hurácan y que fue entregado formalmente el 26 de septiembre de 2017 y usado por el Ministerio Público para requerir la formalización de ocho comuneros, entre ellos al líder de la CAM Héctor Llaitul. Tres días antes, los dirigentes habían sido detenidos.
El titular de Justicia es una de las 320 personas citadas para entregar su testimonio en el juicio Corpesca, lo que enfatizó, realizará "con todo gusto".
"Esperamos que el Presidente Sebastián Piñera reconozca que no se cumplió ninguno de los objetivos con los que justificó su viaje", señala un comunicado firmado por excancilleres, legisladores y exembajadores, entre otros.
El presidente de Gasco, quien apareció en un video a orillas del lago Ranco, dijo que espera reunirse con las afectadas.
En el testimonio del mayor Manuel Valdivieso afirma que cuando se consulta por qué no hay grabaciones sobre los hechos, el sargento Raúl Ávila explicita, a horas del crimen, que ello se debe a lo que "se habló" con el asesor jurídico. La declaración entrega además otro antecedente. Según Valdivieso a las pocas hora del incidente ya se sabía "que no se habían encontrado armas en el sector".
A unas cuantas semanas de que finalice el año legislativo, la iniciativa se encuentra bajo una serie de observaciones. La recaudación de la boleta electrónica, ajustes a la Norma General Antielusión y Capital Propio Tributario, están entre los principales temas. Es por este motivo que expertos anticipan un complejo escenario de cara a la Operación Renta 2019.
En su declaración ante la fiscalía como imputado, el empresario de la Región de O'Higgins detalló nombres de los 15 anticuarios que le habrían vendido las especies. "Las estatuas nunca las he ocultado. He permitido que se filmen películas (...) lo que permite demostrar que nunca sospeché que pudieran tener procedencia ilícita", dijo.
De acuerdo a la declaración que entregó el menor de 15 años, a la que tuvo acceso La Tercera, los funcionarios se habrían jactado de su actuar, aprovechando, incluso, de dar "hasta una vuelta a la plaza antes de llevarlo al Cesfam".
