Análisis de los protocolos, creación de unidades anticorrupción y hasta mapeos de las investigaciones más complejas. Estas son solo algunas de las medidas que la Fiscalía, Defensoría Penal Pública, Gendarmería, Carabineros y la PDI han tomado para evitar la vinculación de funcionarios con el crimen organizado.
Casi una semana ha pasado desde que el nuevo defensor asumió el cargo tras cinco meses de vacancia de la dirección de la Defensoría de la Niñez. Sin querer hacer un llamado por una opción de voto de cara al plebiscito de diciembre, reflexiona sobre la propuesta constitucional la que califica con "algunos vacíos". "Hay problemas con el reconocimiento expreso de NNA como sujetos de derecho. Y lo otro importante es que la propuesta establece una mención a la evaluación y determinación del interés superior del niño que mirado desde la lógica de la Convención sobre los Derechos del Niño, hay ciertas incompatibilidades o dificultades", aseguró.
Estos datos serán detallados este martes por el Defensor Nacional, Carlos Mora Jano, en el marco de su cuenta pública de la gestión institucional 2022.
El presidente de la Asociación Nacional de Fiscales (ANF), Francisco Bravo, aseguró que solicitaron una reunión con la ministra de Justicia, Marcela Ríos, la cual les fue rechazada.
La iniciativa reúne una serie de fallos relacionados con vulneraciones ocurridas en las diferentes etapas de un proceso penal.
El organismo a cargo de la defensa pública de los imputados indicó que esa medida cautelar le fue impuesta al 15,1% de las mujeres extranjeras imputadas durante 2021, mientras que a las chilenas le fue otorgada al 8,9%.
A un año de implementada esta colaboración, 3.200 carabineros han sido capacitados en aspectos del derecho penal, derecho procesal y derechos humanos por abogados de la Defensoría, como parte de la reforma a la institución.
"Como institución podemos ser un aporte a la Convención Constitucional y lograr, como gran anhelo institucional, la autonomía constitucional", dijo Carlos Mora Jano tras una reunión con el ministro de Justicia, Hernán Larraín, y con el subsecretario de la cartera, Sebastián Valenzuela.
¿Cómo se repara el daño que se provoca al encarcelar a personas que luego son absueltas? Hace casi 100 años que Chile respondió esta pregunta creando el derecho constitucional a ser indemnizado. En su origen la norma no se pensó bien, en 1980 se cambió a medias, pero con el tiempo quedó sin utilidad y solo seis personas han tenido éxito.
El Defensor Nacional (S), Marco Montero Cid, informó que de los 359 mil casos ingresados en 2020, 135 mil fueron por infracciones sanitarias, transformando a esta categoría de delitos en la principal del período.
La Defensoría Penal Pública y Cadem realizaron un estudio para identificar el conocimiento, y la percepción, que tienen los chilenos sobre los Derechos Humanos en el ámbito penal. La nueva Carta Magna fue uno de los ítems consultados. Por otro lado, un 52% de la ciudadanía está de acuerdo con que los juicios y condenas dependen del nivel socioeconómico o el origen de la persona.
El plan ya se está aplicando en comunas de la zona sur de la Región Metropolitana. También en las regiones de Antofagasta, Maule y Los Ríos. El acuerdo además crea espacios de capacitación entre ambas instituciones.
La fiscal regional Nayalet Mansilla presentó un recurso de queja contra el juez de garantía, Manuel Vilchez, por ordenar la realización de una audiencia presencial a un imputado que tenía seguimiento del hospital por Covid-19. ¿El delito? Habría robado un balón de gas.
La entidad ofrecerá talleres a los inspectores encargados de informar a los jóvenes sobre la restricción.
