El pasado viernes el centro de alumnos participó en una reunión con autoridades de gobierno y municipales para abordar los problemas de inseguridad y violencia que afectan a la comunidad educativa.
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El subsecretario Nicolás Cataldo afirmó que el catastro final será el resultado de un trabajo en conjunto con las delegaciones presidenciales y los respectivos municipios. "Para nosotros no se concibe el combate contra la delincuencia, el mejorar las condiciones de seguridad si no abordamos también la recuperación de espacios públicos", dice el titular de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
Antes que debutara el plan para derribar mausoleos narco que anunció el Mandatario en su cuenta pública, durante la noche del domingo fue destruido el mausoleo que rendía homenaje a un joven caído en un supuesto ajuste de cuentas.
“No podemos aceptar que espacios públicos como son plazas o algunos lugares de esparcimiento para la comunidad hoy estén tomados por la cultura narco y eso implica tener una acción decidida (...)”, expresó la delegada de la Región Metropolitana, Constanza Martínez.
El club estudiantil acusó discriminación y falta de equidad deportiva.
La Delegación Presidencial del Biobío ingresó la acción judicial en contra de quienes resulten responsables de haber impedido que brigadistas de la Forestal Arauco realizaran cortafuegos durante un incendio el viernes 10 de febrero. El grupo de encapuchados, todos armados, habría amenazado y expulsado a los funcionarios que intentaban controlar el siniestro.
La acción penal fue interpuesta por presuntamente vulnerar el artículo 269 del Código Penal.
Cerca del mediodía, el representante del gobierno en la región, José Montalva, encabezó un comité policial para coordinar acciones por los incendios forestales. Tras la cita sinceró que no ve con buenos ojos una medida de esa naturaleza. El titular de Agricultura, Esteban Valenzuela, había asegurado que el gobierno no la descarta para ciertas comunas.
Las obras del mecanismo de protección ante incendios llevan un 82,7% de avance, que equivale a la instalación de 371 kilómetros de la franja artificial destinada al combate de siniestros.
El trabajo, en el que participan la Delegación Presidencial, alcaldes, Carabineros y la PDI, consiste en la rehabilitación de distintos lugares ocupados por el comercio informal. La delegada Constanza Martínez aseguró que "a través de siete intervenciones en lugares neurálgicos (...) hemos podido disminuir los delitos de connotación social en relación al año 2019 en 32,8%”.
La autoridad dijo que “necesitamos apuntar a que la gente vuelva a sentirse segura en el espacio en que vive”.
De acuerdo con cifras de Carabineros reportadas por la Delegación Presidencial, el año pasado se registraron 1.341 delitos. Según indicó Constanza Martínez, el resultado se logró gracias a la determinación con que han abordado el problema, y pese a que "nos enfrentamos al abandono de años, precariedad laboral y crisis económica" en ese sector de la capital.
Desde el 19 de mayo pasado, la Delegación Presidencial se propuso recuperar varios sectores de la capital y tratar de erradicar la delincuencia y el comercio ilegal. En la mayoría lo ha logrado, pero Plaza de Armas y el Paseo Ahumada no logran escapar de los carros, los toldos y los productos en el piso.
La instancia buscó responder a las problemáticas territoriales con “acciones a corto plazo”, fortaleciendo el trabajo intersectorial de la región.
Constanza Martínez asegura que la iniciativa contempla distintas áreas "para trabajar unidos por la seguridad de las personas en estas celebraciones de fin de año". No sólo se desplegarán contingentes policiales especiales, sino que se avanzará con mayores fiscalizaciones sanitarias y se impulsarán ferias navideñas.
