La iniciativa, que se votará en la sala del Senado en las próximas semanas, y ha sido impulsada por un grupo transversal de parlamentarios, busca que los denominados delitos de “cuello y corbata” tengan penas acordes al daño social que provocan y establece nuevas responsabilidades penales para las empresas, incluyendo personas jurídicas religiosas, partidos políticos y universidades del Estado, entre otras.
A partir de las 15:00 horas se deliberará sobre temáticas como los bienes comunes, delitos ambientales y consultas comunales vinculantes para el desarrollo de actividades productivas. Mientras la derecha acusa un contenido de "ecologismo talibán", quienes lo defienden valoran el encuentro del debate medioambiental y económico, y ven espacio para mejoras en el articulado.
Diversas experiencias de criminalización de delitos de cuello blanco en nuestro país han resultado en la práctica ineficaces al ver los resultados concretos de su utilización.
Este proyecto es crítico para el país, no solo por la necesidad de abrochar el modelo institucional diseñado en la reforma del año 2010 a casi una década de la misma, sino también, porque urge que los instrumentos de protección y gestión de la biodiversidad diseñados para el nuevo servicio entren en funcionamiento.
La iniciativa se había presentado en enero pasado ante la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado.
El presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino, apuntó que lo que se extrañó como parte de la indicación sustitutiva es la coherencia entre la persecución penal de esta ley y la contenida en otras normas.
El proyecto ha tomado su forma definitiva y, el ritmo que exhibe en el Congreso, es acorde al compromiso adquirido por Chile ante la Ocde en la última Evaluación de Desempeño Ambiental de 2016.
Diego Hernández plantea que los mensajes que ha promovido el Gobierno de cara a las inversiones han surtido efecto, ya que los inversionistas están prefiriendo a Chile. Sin embargo, señala que genera preocupación temas como la reforma al SEIA, que si no tienen una debida discusión, podrían terminar complicando más la tramitación de iniciativas.
La iniciativa, que ingresará al Congreso a fin de mes, buscará, entre otras cosas, la privación de libertad en algunos casos. Expertos dicen que ello debería aplicarse en forma excepcional y con precauciones.
