Daniela Castillo y Catalina Valdés
18 nov 2024 10:02 AM
“Sin duda, la nueva ley de Protección de Datos Personales es una medida necesaria para que Chile se adapte a las exigencias que impone un entorno digital cada vez más complejo y representa una oportunidad de fortalecer la confianza del mercado en cuanto al tratamiento de la información, sin embargo, su implementación representa un desafío significativo que las organizaciones deberán sortear antes de su entrada en vigencia en 2026″.
El próximo 1 de septiembre comienza a regir en plenitud la Ley 21.595, que aumenta el catálogo de delitos económicos y ambientales, de una veintena a más de 200, por los cuales se puede perseguir penalmente a una empresa. Las compañías tenían un año para crear modelos de prevención y han debido recurrir a consultorías especializadas o estudios jurídicos para hacer frente a este nuevo mundo legal que se avecina. Y el consejo principal es que las compañías cuenten con un sistema de prevención de delitos “efectivamente implementado”.
Una serie de modificaciones han tenido delitos como el cohecho, soborno, entre otros delitos económicos que podrían aplicarse en el denominado caso audio. Sin embargo, la última modificación a la Ley de Delitos Económicos que establece penas efectivas para estos casos, no alcanzaría a influir en la situación judicial de Luis Hermosilla.
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, subrayó la necesidad de privar a las organizaciones criminales de sus recursos y mencionó las tendencias internacionales hacia la extinción del dominio de bienes cuyo origen no puede justificarse. Además, valoró la reestructuración realizada por el fiscal nacional Ángel Valencia en la persecución de estos delitos, creando unidades especializadas en delitos económicos, anticorrupción y crimen organizado.
Tras una investigación encabezada por la Fiscalía Regional de O'Higgins, la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la policía civil ha detenido hasta ahora a 25 personas en el marco de la indagatoria a supuestas empresas financieras que ofrecían créditos a través de Internet y por los cuales cobraban "gastos operacionales", pese a que nunca entregaban los créditos.
De acuerdo con un documento preparado por el estudio de abogados Albagli Zaliasnik (az), entre los retos se encuentran la permisología, la Ley de Delitos Económicos y la Ley “REP”, entre otros. “Es necesario cambiar la permisología por un verdadero desarrollo sustentable”, indica Antonio Rubilar, especialista de la firma.
La policía civil decomisó relojes, joyas y vehículos de alta gama que pertenecerían a los 55 involucrados en el fraude tributario. Los objetos están avaluados en más de 27 mil millones de pesos.
"El legislador acertó con la tipificación de este delito respecto de aumentos dilutivos, ya que es un abuso de parte de la mayoría realizar un aumento de capital a un valor inferior que el valor de mercado de una compañía. Esto implica una afectación patrimonial clara en contra de las minorías, lo que no es distinto de robarles."
"Elevar en Chile la importancia del principio de la competencia en las transacciones económicas, y trabajar hacia una menor concentración de poder, es importante y deberá facilitar el funcionamiento del mercado, y así también la cooperación de las elites privadas con las transformaciones necesarias".
En una declaración pública la multigremial empresarial afirmó que se deben revisar aspectos que pueden perjudicar la actividad económica, como son “la creación de un sistema penal paralelo, la ambigüedad en la definición de nuevas figuras delictivas, la desproporción entre las penas asociadas a delitos económicos y el resto de los ilícitos, entre otros”.
La iniciativa cerró este martes el trabajo realizado por el pleno del Tribunal. La sentencia se dará a conocer en los próximos días.
De gira por Alemania, el ministro de Economía destaca el interés concreto que existe entre las empresas e inversionistas de ese país por la estrategia chilena del litio. "La forma en que se materializará dependerá de los distintos mecanismos que establezca el desarrollo de la política nacional del litio", afirmó el secretario de Estado.
El texto ingresado por los senadores Walker, Huenchumilla, De Urresti, Núñez, Araya y Rincón tiene como objetivo, según señalan, explicar al Tribunal Constitucional la serie de argumentos expresados por la CPC quien cuestionó ante el tribunal la ley contra los delitos económicos. El "téngase presente" de los parlamentarios sostiene que más bien en esta acción de los empresarios existiría un uso instrumental, el cual debería ser reprochado por el tribunal.