Un registro que antes se tomó de forma inocente, hoy se ve con otra mirada: Puff Daddy invitó a una actriz de 12 años a un “afterparty” mientras se reía, un video que ha causado conmoción en las redes sociales, en el contexto de las acusaciones que enfrenta el rapero por abuso sexual a menores de edad.
El cantante habría lanzado la gira This Is It para reinventarse y salir de una exorbitante deuda que fue acumulando con los años. “Quería limpiar sus finanzas. Estaba dispuesto a dejar de vivir como un vagabundo, establecerse y ganar dinero de nuevo".
El restaurant francés ubicado en Providencia, demandó al propietario de un local con el mismo nombre en Puerto Octay, en la Región de Los Lagos, por competencia desleal e infracción a la ley de propiedad industrial. “El principal propósito de la demanda es evitar que terceros aprovechen indebidamente la fama y prestigio ganados por el esfuerzo de años de Frédéric Le Baux para su marca BACO y su restaurante que lleva el mismo nombre”, dijo el abogado Pablo Cariola, socio de Sargent & Krahn.
El Sindicato Nº1 de Trabajadores del Conservador de Bienes Raíces de Santiago (CBRS) presentó una demanda acusando a los tres titulares del CBRS de haber incumplido a través de supuestas irregularidades el contrato colectivo que fija el mecanismo para el pago de sueldo, afectando así sus ingresos. Posición contraria a lo sostenido por uno, el encargado de Hipotecas, quien fue el primero en recurrir a la justicia solicitando la nulidad, precisamente, de dicho acuerdo.
Se trata de un litigio sobre la calidad de tapones de oídos de uso militar. Pero además, la fabricante se enfrenta a numerosas demandas relacionadas con las denominadas sustancias químicas “para siempre” (PFAS), presentadas por abogados especializados en lesiones personales y fiscales generales estatales.
El exsubsecretario de Previsión Social solicita $80 millones por violación al derecho al honor y valoriza el daño moral en otros $500 millones. La denuncia revela la cronología del día en que Larraín fue despedido por denuncias de acoso y que, casi dos meses después de ello, recibió un correo electrónico donde, en el marco del sumario administrativo que instruyó la ministra del Trabajo, se le cita a declarar el 3 de agosto.
Las recursos de inconstitucionalidad contra el decreto del mandatario Guillermo Lasso habían sido presentados por los partidos Social Cristiano, Unidad Popular, Pachakutik y el expresidente del Parlamento, Virgilio Saquicela. Después de esta decisión, el Consejo Nacional Electoral aprobó el inicio del período comicios generales anticipados.
Los aspirantes a socios acusan al gigante tecnológico de copiar sus ideas; Apple dice que cumple las normas.
La corte de apelaciones dice que la subsidiaria de talco de J&J no puede declarar en quiebra los reclamos por cáncer porque tiene los recursos para pagar y no está en dificultades.
Las demandas afirman que los bancos facilitaron el tráfico sexual e ignoraron las señales de alarma, violando las leyes de tráfico de personas al ayudar a Epstein a acceder a las cuentas y al dinero en efectivo. Ambos bancos trabajaron con Epstein durante años después de que se declarara culpable en un tribunal estatal de Florida en 2008 de solicitar la prostitución de una menor.
El holding norteamericano entró al país en 2009. Ese año ingresó a la propiedad de D&S. De ahí en adelante hizo una completa limpieza societaria que acaba de concluir. Pasaron de 187 entidades legales a menos de 10. El último cambio cerró con una disminución de capital de $200.000 millones que se irán a EE.UU.
El fenómeno de las desapariciones en el país norteamericano se inició entre las décadas de 1960-1980, pero las cifras se dispararon a partir de la década de 2000 con el incremento de las actividades del narcotráfico y la guerra contra los carteles que emprendió el gobierno del expresidente Felipe Calderón (2006-2012).
Los ex accionistas encabezados por Marc Rasella dijeron que la divulgación tardía permitió a Musk comprar más acciones de Twitter a precios más bajos, mientras los defraudaba para venderlas a precios “desinflados artificialmente”.
Entre los incumplimientos se encuentran hostigamientos a las personas para que paguen las deudas; cobros indebidos por gestiones realizadas dentro de los primeros 20 días de morosidad, falta de información, realizar gestiones de cobranza prohibidas por la Ley, entre otras.
