"Resulta claro que los hechos por los cuales se ha investigado a la diputada Pérez no se encuentran confirmados por los antecedentes de la investigación", señalaron los abogados de la legisladora.
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Esta mañana la Corte de Apelaciones de Antofagasta dio a conocer la sentencia donde argumentaron por qué decidieron desaforar y quitar sus privilegios a la parlamentaria. Según estimaron de forma unánime los magistrados, hay elementos suficientes para dar lugar a la solicitud: "(Hay) antecedentes que dan cuenta de su intervención directa para, primero, aparentar que la fundación cumplía los requisitos necesarios y para que los otros involucrados asumieran exclusivamente la responsabilidad por la suscripción de los convenios".
"Lo más probable, y todo indica que esto se tenga que resolver en un juicio oral", afirmó el fiscal Juan Castro Bekios.
El tribunal de alzada hizo lectura de su resolución, dando a conocer el análisis que fundamentó su decisión. Corre ahora el plazo de cinco días para que la legisladora apele a la Corte Suprema.
La parlamentaria está ad portas de conocer su sentencia de desafuero. Una vez entregado el fallo, la Fiscalía podrá formalizar a la congresista por el caso Democracia Viva.
“Dejé mi cargo asumiendo un costo político y personal por toda esta situación. Ha quedado demostrada mi completa inocencia en los hechos que injustamente se me imputaban”, señaló la otrora jefa de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo.
El jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional aborda las críticas por la lentitud en la tramitación de algunos casos que involucran dineros fiscales que fueron entregados de forma irregular a fundaciones. A 20 meses de que se abriera la primera arista del caso, insiste en que se investigará sin límite a todos los involucrados. Durante 2025, adelanta, esta megainvestigación entrará en su año clave y varias causas podrían llegar a juicio y otras nuevas aristas se llevarán ante tribunales.
Se indagó al jefe de asesores de la Presidencia, Miguel Crispi, y a la exsubsecretaria Tatiana Rojas. "No se han reunido antecedentes suficientes para formalizar", señaló al tribunal en un escrito el fiscal Cristian Aguilar.
Las tres personas ya formalizadas en esta investigación tienen en común la militancia en el extinto partido Revolución Democrática y su relación con la diputada.
El fiscal jefe de Antofagasta, Cristián Aguilar, valoró la determinación e insistió en que la parlamentaria junto a Carlos Contreras, Daniel Andrade y Paz Fuica se concertaron con miras a defraudar al Fisco para "fines políticos". Por su parte, la defensa recalcó que se trata de imputaciones falsas y confirmó que recurrirán ante la Corte Suprema, junto con cuestionar lo "rápido" que el tribunal de alzada resolvió la petición del Ministerio Público.
Durante la tarde de este lunes, la Corte de Apelaciones de Antofagasta tomó la decisión de desaforar a la ex Frente Amplio, a raíz del caso Democracia Viva.
La parte defensora cuestiona que "jamás se ha resuelto un desafuero en el lapso de tres horas".
Ahora el Ministerio Público tiene luz verde para formalizarla y pedir medidas cautelares, aunque es probable que su defensa recurra ante la Suprema. El jueves 20 de febrero el tribunal de alzada entregará la sentencia completa.
Hasta el momento el Ministerio Público contaba en su expediente con conversaciones de ambos imputados extraídas desde WhatsApp. Sin embargo, hace un par de días, el 31 de enero pasado, la PDI entregó a la Fiscalía de Antofagasta nuevas conversaciones, esta vez por la aplicación We Chat. Ahí comentan "el principio del fin", cuando se comenzó a cuestionar una asesoría que el ingeniero civil mecánico estaba realizando al Ministerio de Defensa. Pese a que aún no saltaban los convenios de la ONG, desde sus mensajes se desprende la tensión que antecedió la crisis por los "líos de platas".
Revisa la alocución que Cristian Aguilar, fiscal jefe de Antofagasta, presentó ante la Corte de Apelaciones de esa región para pedir el cese de la inmunidad parlamentaria de la diputada. En caso de que el tribunal resuelva desaforar a la exmilitante del Frente Amplio, el Ministerio Público tendrá luz verde para formalizarla y pedir medidas cautelares en su contra por el caso Democracia Viva, primera arista que quedó al descubierto del lío de platas entre fundaciones y reparticiones del Estado.
