Desde la oposición le han solicitado a Carlos Montes (PS) que dé un paso al costado por su presunta responsabilidad política en los casos de posibles irregularidades en el Minvu. En caso de no concretarse su salida, no descartaron hacer uso de otras herramientas constitucionales.
Pese a que el Mandatario evitó hacer una autocrítica explícita por sus declaraciones en que defendió -con la información que tenía hasta ese momento- a un seremi de El Maule que hoy es objeto de una investigación sumaria, ayer aclaró que “acá no se va a proteger a nadie indebidamente”. A su vez, lanzó una comisión para elevar estándares en contratos entre el Estado y las fundaciones.
La información fue confirmada por el equipo de la diputada y se dio cuenta de ello en la Cámara de Diputados. Más tarde, la bancada del Frente Amplio en un punto de prensa anunció que si RD resuelve suspender su militancia a la diputada Pérez por el caso Democracia Viva, la bancada hará lo propio con la legisladora.
Esta semana será crucial para el futuro político del ministro, quien deberá comparecer ante una seguidilla de instancias parlamentarias para dar nuevas explicaciones. Hoy el Senado acordó realizar una sesión especial el miércoles para abordar la crisis política por el financiamiento de fundaciones ligadas al oficialismo, mientras que desde la derecha -hasta ahora, reticente a tomar medidas duras en su contra- ya hay voces que plantean una acusación.
El ente investigador centrará su trabajo en reunir los antecedentes sobre las transferencias de recursos realizadas por el Minvu y sus seremis, en el marco del programa de asentamientos precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para los años 2022 y 2023, con especial atención en lo ocurrido con la fundación vinculada a RD en Antofagasta.
El ministro Montes anunció este domingo que se investigará de forma administrativa a la autoridad del Maule, debido a su vinculación con la ONG Urbanismo Social, que firmó un millonario convenio con dicha secretaría regional.
La senadora DC denunció en Contraloría posibles irregularidades en la adjudicación de $160 millones por parte de la Fundación Visible en el marco del programa Noche Digna.
Los diputados socialistas hicieron un llamado a la oposición a “abordar la corrupción con seriedad”. Además, respaldaron la gestión de Montes, apuntando a que “está asumiendo con mucha firmeza esta situación, desde el primer minuto el ministro ha manifestado con absoluta templanza la necesidad de poder realizar una investigación”.
Si bien hay consenso que remover a Juan Ignacio Latorre en pleno escándalo sería un movimiento poco estratégico, en el partido ya se asume que esas intenciones podrían tomar fuerza una vez que pase lo peor de la crisis. En ese contexto, asoma el diputado Jorge Brito, quien -hasta ahora- se alistaba para los comicios internos en RD que lo posicionarían como presidente regional de Valparaíso.
El titular de Vivienda descartó dar un paso al costado y aseguró que seguirá "mientras el Presidente así lo determine". Desde la oposición, en tanto, no descartan ninguna "herramienta constitucional".
La información fue confirmada por el equipo de la diputada.
“Yo tengo una misión en el gobierno, el Presidente me ha dado objetivos, tareas y desafíos", señaló el titular del Minvu.
Los diputados socialistas Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri se reunieron con el ministro de Justicia para solicitar el financiamiento al proyecto de ley, y en un punto de prensa posterior, respaldaron al ministro de Vivienda y su labor en el marco del caso Democracia Viva.
El senador gremialista acusó que el titular de Vivienda era "el responsable de cada una de las decisiones que se toman en su ministerio".
El fundador de RD y una de sus principales figuras políticas señaló, además, que su cargo estaba a disposición del Presidente y que se debe sancionar a todos los responsables de las presuntas irregularidades en los convenios entre fundaciones y el Minvu, que el Ministerio Público investiga en cuatro regiones.
