Dmytro Lubinets, comisario de Derechos Humanos del Parlamento ucraniano, declaró que una celda se encontraba en uno de los cuatro centros de tortura gestionados por el ejército ruso en Kherson, región abandonada por las fuerzas pro-Moscú el mes pasado. Unos 12.000 niños ucranianos habrían sido llevados a Rusia desde que comenzó la invasión.
La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, Maria Zajarova, aludió a las palabras del Pontífice en las que aseguró que los “más crueles” en el marco de la guerra en Ucrania son los “chechenos y los buriatos”, aludiendo a aquellos que viven en Rusia pero no tienen una tradición rusa.
“Estos ataques no parecen tener ningún propósito militar y, en cambio, promueven el objetivo del régimen de Putin de aumentar el sufrimiento y la muerte de hombres, mujeres y niños ucranianos”, indicó en un comunicado el Consejo de Seguridad Nacional estadounidense.
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Votaron a favor del informe final 11 legisladores, mientras que 10 rechazaron las imputaciones contra el mandatario. Ahora, el informe final contra Castillo pasará a la Comisión Permanente del Parlamento. De ser aprobado en dicha instancia, el documento se elevaría al pleno del Congreso.
Una resolución dictada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de ese país, señala que la presentación de una denuncia constitucional es “una atribución que le ha sido conferida” a la Fiscalía y agregó que la evaluación y calificación de esta corresponde al Congreso. Castillo es investigado por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.
“El debate debe tomar en cuenta lo que ocurre en nuestro país. Una situación donde la vieja derecha, la derecha golpista, quiere seguir emprendiendo una aventura golpista en nuestro país y sin duda alguna tiene, como en 2020, a todo el movimiento campesino, al movimiento popular, para detener cualquier aventura golpista”, aseguró el mandatario boliviano.
La defensa del mandatario peruano busca que se ratifique su condición de jefe de Estado en respuesta a los pedidos de la Fiscalía Nacional de dejar de lado el artículo 117 de la Constitución, el que señala que el Presidente de la República solo puede ser acusado por traición a la patria, impedir las elecciones presidenciales y parlamentarias o por disolver el Congreso, entre otros motivos.
La titular del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder, dependiente del Ministerio Público del vecino país, Marita Barreto, señaló que las amenazas de muerte a sus miembros motivaron a que la fiscal general de la Nación, Patricia Benavides, presentara una denuncia constitucional contra el mandatario ante el Congreso.
Los abogados Raúl Noblecilla y Ronald Atencio, quienes ya presentaron la semana pasada una denuncia por encubrimiento de personal contra la fiscal Patricia Benavides, sostienen que la titular de la Fiscalía ha actuado de manera ilegal tras interponer una denuncia constitucional contra el mandatario peruano, aforado según la Constitución del país.
En la que fue su primera rueda de prensa desde que asumió el poder, y al responder al recurso presentado por la fiscal general Patricia Benavides, el mandatario peruano negó que haya cometido algún delito de corrupción durante su gobierno y afirmó que cumplirá con su mandato. Sostuvo que cuando recorre el interior del país, el pueblo le dice que cierre el Congreso, pero que él es “un demócrata”.
La titular del Ministerio Público del país vecino, Patricia Benavides, imputa al mandatario por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada en la adjudicación de contratos en obras públicas y de empresas estatales.
El viernes, el edificio de la colectividad, ubicado en Antonio Varas, fue apedreado por un grupo de personas.
Así lo expresó el jefe del Departamento de Investigación de la Policía Nacional ucraniana en Járkov, Sergei Bolvinov, en un comunicado, en el que señaló la evidencia de que el Ejército ruso habría utilizado los sótanos de algunos edificios como prisión y como lugar donde torturar a residentes.
El recurso legal fue interpuesto el 1 de septiembre por el equipo de seguridad del exgobernante, el mismo día en que fue atacada la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner. Por esa razón, la denuncia recayó en un juzgado federal a cargo de la jueza María Alejandra Capuchetti, que también investiga el intento de magnicidio contra la exmandataria. El hecho que afecta a Macri solo trascendió este jueves.
