La capitán de Carabineros fue suspendida de sus funciones luego de que dos carabineros la denunciaran por acoso sexual y laboral, a raíz de que su superior les enviara mensajes y tuviera actitudes inadecuadas en su contra. Ante la justicia, la funcionaria buscaba que quedara sin efecto la medida en su contra y volver a ejercer mientras se desarrolla el sumario, algo que la Corte Suprema rechazó.
Si alguien es propietario de una zona que colinda con estos lugares, pero no permite que las personas ingresen a este de manera gratuita, se arriesga a recibir una multa de hasta 100 UTM.
Al notificar a las autoridades correspondientes, las personas pueden prevenir que los incendios forestales se propaguen hacia más hectáreas.
Después de que los Testigos de Jehová de España demandaran a la asociación de víctimas y exmiembros de la institución, la justicia española desestimó el caso, aludiendo a la libertad de expresión.
La cantante mexicana alcanzó la fama máxima, pero pronto se vio oscurecida por unas denuncias de secuestro y violación, delitos que habría realizado junto a su entonces pareja, el productor Sergio Andrade, y que le costaron cuatro años de prisión. Ahora, nuevas denuncias amenazan la tranquilidad de la cantante, quien afirma ser una víctima más de su ex pareja.
La otrora autoridad de Vivienda en Antofagasta entregará detalles sobre quién, cuándo y cómo envió a Presidencia antecedentes del caso de Democracia Viva. Además, de acuerdo con sus cercanos, relatará respecto de la serie de personeros de gobierno que visaron los convenios que se firmaron desde la repartición. Entre ellos, se referirá al rol de Verónica Serrano, tía del jefe de asesores del segundo piso de La Moneda y quien le pidió apurar los procesos.
La persecutora Patricia Benavides -estrecha colaboradora de la mandataria en el proceso judicial que afecta al derrocado mandatario izquierdista-, presentó el recurso contra la jefa de Estado, el primer ministro Alberto Otárola y exministros de Interior “por la presunta comisión de delito de homicidio calificado”.
La iniciativa que fue presentada en la comuna de San Bernardo, busca cambiar la percepción sobre la eficacia de las denuncias y la confianza en las instituciones, abordando las barreras que han impedido a muchos comerciantes denunciar.
El abogado Carlos Gómez, exjefe de gabinete del ministro de Justicia Hernán Larraín, arrastra un duro conflicto laboral con el excanciller RN desde la llegada de ambos a Madrid para asumir labores en la Secretaría General Iberoamericana (Segib).
Una tía de las víctimas publicó un video profundizando en la grave situación que afecta a escolares del colegio San Sebastián, en la ciudad de Los Andes.
Desde el organismo informaron que se realizaron las denuncias correspondientes a la PDI y Carabineros, cuyo personal se encuentra realizando las diligencias para esclarecer el hecho.
El parlamentario hizo la denuncia en septiembre y cuestionó el avance de la investigación. "Nos extraña que no haya habido ningún avance respecto a eso", afirmó.
Los diputados de la comisión de Deportes escucharon los hechos relatados por la denunciante, que se remontan al 17 de septiembre de 2021, cuando tenía 18 años. En la instancia, los legisladores aprobaron el envío de una serie de oficios de fiscalización dirigidos a la ANFP, la PDI, el Ministerio Público y los ministerios de la Mujer y de Justicia.
A través de Córpora la familia Ibáñez, que también controla la cadena de hoteles de alta gama Explora, creó en 2018 un fideicomiso para comprar acciones de la trasandina Cielos Patagónicos, que pretendía desarrollar un plan de venta de terrenos atado a conservación en tres estancias de la Patagonia argentina. En 2019, la justicia de ese país recibió una denuncia de que la operación violaría dos leyes clave para la soberanía argentina, a través de un entramado jurídico. “Descartamos, de plano, cualquier irregularidad en la compra de esas acciones”, responde el presidente de Córpora y de Explora, e hijo de Pedro Ibáñez, fundador del grupo.
Esto, tras conocerse que el diputado republicano Juan Irarrázaval concurrirá este viernes a Contraloría para denunciar una millonaria deuda que tendría la fundación por tratamientos que no se entregaron en 11 municipios del país.
