La serie de tres episodios explora el ascenso del artista y las graves denuncias que han marcado sus últimos años.
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Desde la Asociación de Diplomáticos de Carrera criticaron la actual reglamentación para sancionar los casos de abuso o maltrato laboral en el sector. "Las denuncias muchas veces son desestimadas e incluso en algunos casos concluyen en el traslado de la víctima y no del victimario", destacaron mediante un comunicado.
Mientras Diddy espera su juicio en prisión, nuevos testimonios y denuncias sobre sus supuestos crímenes se toman la prensa estadounidense. Entre ellas, dos personas que participaron en las fiestas de Diddy decidieron contar lo que vieron.
Un registro que antes se tomó de forma inocente, hoy se ve con otra mirada: Puff Daddy invitó a una actriz de 12 años a un “afterparty” mientras se reía, un video que ha causado conmoción en las redes sociales, en el contexto de las acusaciones que enfrenta el rapero por abuso sexual a menores de edad.
Según las demandas ingresadas a la Corte Suprema de Nueva York, Sean Combs habría abusado de dos niños de 10 y 17 años haciendo uso de su “poder” en la industria musical.
El 26 de abril de este año comenzó a implementarse la ley de reducción de la jornada laboral. Y si bien en un principio había preocupación entre los expertos por la posibilidad de que se produjera una judicialización de la norma, con el paso del tiempo la situación cambió. De acuerdo a cifras de la Dirección del Trabajo, en estos primeros seis meses se han registrado 1.777 denuncias -que corresponden al 3,4% del total de denuncias laborales que recibió la autoridad- y se han cursado 675 infracciones. Entre los expertos laborales la visión ahora es mejor que las expectativas que tenían.
El organismo de Naciones Unidas señaló que efectivos policiales y militares venezolanos emplearon estereotipos de género para ejercer control, castigo y humillación contra mujeres, hombres e incluso niños y niñas que fueron aprehendidos durante las protestas contra el régimen de Maduro.
La entidad emitió una declaración tras conocerse las acusaciones de una ciudadana chilena hacia Sebastián Canales, a quien imputa “agresiones físicas y verbales”, tras pedir ayuda para la repatriación de su hijo fallecido en un accidente. Adica afirma que “el cónsul entregó su versión de los hechos, que difiere con lo expuesto por la denunciante".
Según destacaron desde el organismo, un análisis preliminar de estas cifras da cuenta que el número de denuncias, en general, muestra una tendencia a estabilizarse tras el alza que se experimentó el 2022, fecha que coincide con el retorno a la presencialidad de los estudiantes.
El bajo resultado respecto de las 3.032 denuncias por maltrato o abandono animal presentadas ante el Ministerio Público en el primer semestre de este año se debe -en gran parte- a que los denunciantes no participan de la causa.
Durante el primer trimestre de 2024, la Superintendencia de Educación recibió cuatro denuncias a nivel nacional por “maltrato entre estudiantes” relacionadas con imágenes y/o videos falsos o trucados de connotación sexual, elaborados con inteligencia artificial. Si bien las autoridades señalan estos hechos como casos aislados, las comunidades educativas están alertas ante este nuevo fenómeno.
El organismo indicó que con información recopilada hasta el 20 de febrero, las compañías han reportado un total de 1.055 siniestros denunciados. La mayoría (55%) corresponde a daños en inmuebles y su contenido, seguido por daños a vehículos e infraestructura (30%.).
El gerente general de la Asociación de Bancos, Luis Opazo, señala además que "las recuperaciones por reembolsos han sido escasas, ya que la mayoría de las sentencias se han visto afectadas por la casi imposibilidad de probar la culpa grave o dolo". Los bancos están obligados a reembolsar hasta 35 UF cuando un cliente denuncia extravío, hurto, robo o desconoce una operación con una tarjeta. “La judicialización del sistema de pagos que estamos viendo en Chile es inédito a nivel mundial", agrega Opazo.
La entidad que indaga las infracciones a los mercados de valores, seguros y bancario está integrada por 21 profesionales, en su mayoría abogados, y es dirigida desde 2018 por el fiscal Andrés Montes. Su período de seis años termina en enero, pero el Consejo de la CMF puede renovarlo por un periodo similar. Trabajan sigilosamente en el piso 8 del edificio de la CMF, donde interrogan a las personas bajo investigación.
Una querella por presunta asociación ilícita y administración desleal presentó uno de los socios del instituto de idiomas Tronwell. Se trata del empresario Pablo Eguiguren, quien acusa a Sebastián Ruiz-Tagle y a Felipe Garay de urdir un plan para perjudicar a la compañía y beneficiar sus propios intereses. Los querellados declinaron responder, ya que, dicen, a la fecha aún no han sido notificados.
