Aquellos condenados entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, por delitos graves, no podrían acceder a dicho beneficio.
María Catalina Batarce
12 oct 2016 01:47 PM
Aquellos condenados entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, por delitos graves, no podrían acceder a dicho beneficio.
El autor de la iniciativa, Leonardo Soto, insistió en que quienes cometieron crímenes de lesa humanidad deben tener un trato distinto, no pudiendo acceder a beneficios carcelarios.
La iniciativa cuenta con pruebas, datos y fotografías de los ex agentes de las Fuerzas Armadas que violaron los derechos humanos durante la dictadura. Actualmente los condenados cuentan con redes de protección.
El ex comandante en jefe del Ejército dice que enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida, tras ser procesado por el ministro Mario Carroza como cómplice de los asesinatos de 15 prisioneros políticos en octubre de 1973 en La Serena. El ex militar, que llevó al Ejército a reconocer la responsabilidad institucional en las violaciones a los derechos humanos, afirma que es inocente y relata su versión de lo que ocurrió el fatídico día en que pasó la comitiva del general Arellano Stark por el regimiento donde estaba destinado como teniente.
Ayer, Washington anunció que aplicará sanciones financieras en contra del líder del país asiático por cometer violaciones a los Derechos Humanos.
Por esto, sus eventuales activos en EEUU serían congelados. El líder de Corea del Norte fue puesto por primera vez en la lista negra del Departamento del Tesoro de Washington.
El museo de los derechos humanos conmemorará al fotógrafo chileno que murió durante el régimen militar con fotos inéditas de su estadía en Chile.
La iniciativa surgió tras la demanda que presentó la entidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2012.
Haciendo frente a los cuestionamientos de los últimos días, la entidad dijo que su labor es hacer que el resto de los organismos justen su accionar a la ley y al respeto a los derechos humanos.
El abogado José Zalaquett fue parte de los ocho integrantes de la Comisión de Verdad y Reconciliación creada por Patricio Aylwin para constatar oficialmente las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el régimen de Pinochet. ¿Por qué eligió ese camino? ¿Por qué no se derogó la Ley de Amnistía? ¿Qué significó en su momento el concepto "justicia en la medida de lo posible"?
Desafiando al general Pinochet y desoyendo los consejos de sus principales colaboradores, Aylwin —quien falleció este martes a los 97 años—creó en 1990 la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, cuya misión fue contribuir por primera vez al esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura militar. Para muchos, aquel informe fue su principal legado.
Hasta ahora, el instituto estaba impedido de entregar antecedentes de calificación porque sobre los datos del informe rige una cláusula de secreto durante 50 años.
Lejos de inmovilizarla, las secuelas del 42,9% de discapacidad física que le dejó el lupus que la afectó hace un año y medio han significado un impulso para la ex ministra de Justicia Patricia Pérez. No sólo escribe columnas y trabaja en un libro que tendrá su historia como punto de partida; también está decidida a visibilizar algo que constata a diario: que Chile no está preparado para los discapacitados.
Antes de la Revolución Cubana Fidel Castro fue detenido en México. El jefe del grupo que le capturó se convirtió en su amigo, pero al mismo tiempo fue acusado de violar derechos humanos en su país.
Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos se eleva a 2.618 el número de asesinatos desde la proclamación del califato en junio de 2014.