En un escenario global donde se ha incrementado la preocupación por el cambio climático y los derechos sociales, varias empresas chilenas han decidido seguir el camino de la emisión de bonos verdes. Así, instituciones tanto públicas como privadas están apostando por el desarrollo de proyectos sostenibles que reconfiguran los focos tradicionales de las inversiones en el mercado financiero.
La reforma de salud hace 20 años y la de pensiones hoy se situaron en los mismos paradigmas, en un modelo fundado en la privatización y envío al mercado de los derechos sociales.
La colectividad dejó una carta para expresar su preocupación por los derechos humanos de las personas LGBTIQ+ tras los dichos del presidente Javier Milei.
Este último resultado muestra un aumento de cuatro puntos respecto a quienes rechazarían la propuesta emanada del Consejo Constitucional, mientras que quienes respaldan la propuesta cayeron en siete puntos en comparación a la medición anterior.
Para el abogado -asesor de RD- la experiencia comparada muestra que una definición de este tipo suele tener expresión en tres modelos. "Uno puramente estatal, producción mixta, pero sujeto a un régimen público y producción mixta, pero sujeto a regímenes distintos. En ese abanico está justamente hoy día parte de la discusión. Esta será una definición que tome el futuro órgano", plantea el académico de la UDP. El constitucionalista, además, sostiene que los bordes deben ser sin control judicial.
El resultado del plebiscito constitucional dejó muchas preguntas abiertas, las que cientistas políticos y sociólogos se han tomado la semana para responder: ¿Qué fue lo que no les gustó a los chilenos del proceso constituyente y del borrador? ¿A qué se debe una respuesta tan abrumadora: un 62% de Rechazo? Las conclusiones, explican, aún son prematuras, pero ya asoman algunas explicaciones evidentes. Aquí, Aldo Mascareño, Valentina Rosas, Sofía Donoso, Emilio Moya, Alberto Mayol y Loreto Cox entregan sus reflexiones.
" Las aspiraciones de la ciudadanía nos exigen avanzar hacia un mejor Estado y esto implica, entre otras cosas, consolidar buenas prácticas en las empresas de capital estatal que aseguren independencia del gobierno de turno, asimilen condiciones equitativas que faciliten la competencia e incentiven la colaboración de la sociedad civil, impulsando alianzas público-privadas."
"Ellos lograron entender y capitalizar políticamente las principales necesidades de una proporción importante de la población: pensiones, salud y educación; en fin, derechos sociales."
El “octubrismo” ha confundido el todo por la parte y el momento con la historia. A partir de ello ha promovido políticas erradas y ha disociado a la clase política de una ciudadanía cansada de las estridencias y los excesos.
Desde su instalación, el 4 de julio de 2021, la Convención Constitucional ha sido objeto de interés a nivel global. Por lo mismo, diversos medios internacionales han abordado sus aspectos más relevantes o llamativos. Pero también una serie de constitucionalistas han viajado a Chile para estudiar in situ el trabajo del órgano a cargo de elaborar una nueva Constitución. Estos expertos han estudiado a fondo el debate constituyente, con el objetivo de comprenderlo de mejor manera y llevarse esa experiencia a sus respectivos países, como una suerte de “lección para el futuro”. La Tercera conversó con varios constitucionalistas, tanto los que han estado en Santiago en los últimos meses como quienes han monitoreado el proceso vía remota.
En esta tercera edición de Debates Re:Constitución, los candidatos por los distritos 13, 12, 11 y 8 conversaron con La Tercera respecto de los derechos sociales y su inclusión en la nueva Carta Magna.
Esta será una de las preguntas más relevantes que abordará la convención constitucional y de seguro traerá un arduo debate. El derecho a la vivienda, por ejemplo, no está en la actual Constitución y de seguro se abordará así como nuevos derechos que son considerados sociales. Asimismo, se discutirá cómo deben ser garantizados esos derechos y si debe existir -como pasa en otros países de Latinoamérica- una exigibilidad de esos derechos por parte de la ciudadanía ante los tribunales de justicia.
