El Ministerio Público sostiene que la diputada fue la encargada de “dirigir” Democracia Viva, fundación que obtuvo un convenio de más de $400 millones visado por la Seremi de Vivienda de Antofagasta.
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En 35 páginas, la defensa de la diputada (ex-FA) pide al máximo tribunal intervenir y revertir la sentencia del tribunal de alzada nortino, que visó su formalización en el denominado caso Convenios. En el libelo acusa a los ministros de su región de haber permitido al Ministerio Público incorporar en la acusación que pesa contra ella imputaciones que no han pasado por el control de tribunales. Con esto, sostiene, se ha vulnerado su derecho a defensa y permite que en el futuro la Fiscalía pida el desafuero por cualquier delito que luego en juicio pueda recalificar.
La iniciativa fue presentada por Andrés Giordano (FA) junto a otros legisladores del oficialismo. A pesar de la diversidad de partidos de gobierno que respaldan el texto, en la derecha no les convence, pues afirman que el desafuero no es sinónimo de culpabilidad y que, por lo mismo, es injusto que se les prive de la remuneración.
En el reciente periodo parlamentario se han dictado los desafueros de los diputados María Luisa Cordero, Francisco Pulgar, Mauricio Ojeda y eventualmente, si la sentencia es ratificada, de Catalina Pérez.
Una vez que la sentencia quede afirme y ejecutoriada, la parlamentaria quedará inhabilitada para votar y participar en sesiones de sala. Eso sí, pese a no poder sufragar, puede seguir recibiendo su dieta de forma íntegra.
La parte defensora cuestiona que "jamás se ha resuelto un desafuero en el lapso de tres horas".
El fiscal Cristian Aguilar valoró la decisión del tribunal, desde donde se acreditó que "existe una concertación (…) para los efectos de defraudar al Fisco por la suma total de la celebración de los convenios, esto es 426 millones de pesos”.
Revisa en esta edición del programa de streaming de La Tercera los argumentos que el fiscal jefe de la región de Antofagasta, Cristian Aguilar, presentó ante la Corte de Apelaciones para solicitar el término de la inmunidad parlamentaria de la diputada, ex militante del Frente Amplio, para que el Ministerio Público pueda formalizarla por el caso Democracia Viva. En este episodio, además, el balance de los siniestros que afectan a las regiones de La Araucanía, Biobío y Ñuble; la antesala del partido de La Rojita contra Uruguay en el Sudamericano sub 20 y el análisis de la estrecha elección presidencial en Ecuador.
La parlamentaria es acusada por el Ministerio Público de tres delitos de fraude al Fisco, sindicada como propiciadora de los polémicos convenios entre la fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta.
La parlamentaria, quien el próximo 10 de febrero deberá enfrentar una solicitud de desafuero presentada en su contra, reconoció ser “muy consciente" de que las consecuencias políticas por el estallido del caso "no las asumí solo yo, sino que también mi coalición, mi partido y el gobierno”.
Reportaje reveló las conversaciones detectadas por la Fiscalía, que podrían ser clave para lograr el desafuero de la diputada y procesarla así por el delito de fraude al Fisco.
Durante 2024 al menos 43 legisladores han pasado por tribunales. Algunos fueron absueltos o lograron acuerdos extrajudiciales; sin embargo, hay 38 que aún dependen de sentencias que se darán a conocer en las próximas semanas o meses.
El persecutor Juan Castro Bekios dijo que el Ministerio Público adopta determinaciones sobre decisiones judiciales en las que intervienen los tribunales "en los momentos en que se encuentren los antecedentes necesarios, sean serios y suficientes para hacer las solicitudes pertinentes".
El exministro del Interior presentó una querella por injurias y calumnias en contra de 10 diputados del oficialismo. Este lunes la Corte de Valparaíso recibió las alegaciones, las que podrían derivar en un desafuero de los parlamentarios y por consiguiente en un desequilibrio al interior del Cámara Baja.
El parlamentario y esposo de la exalcaldesa de Maipú es investigado por la emisión de facturas ideológicamente falsas al Congreso.
