Si bien la acción judicial se dirige en contra de todos quienes resulten responsables por los delitos de prevaricación administrativa, cohecho pasivo agravado y soborno, Patricia Hidalgo asegura en el escrito que se vio afectada por situaciones irregulares que tenían como protagonista a la ministra del Interior, Carolina Tohá; a la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Perales; a la delegada presidencial de la RM, Constanza Martínez; a la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, y al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.