Si bien valoraron dichos del ministro de Justicia, criticaron su postura sobre aplicar beneficio por razones humanitarias a condenados por delitos de lesa humanidad.
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La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos criticó la incertidumbre generada a partir de las palabras de la Presidenta Bachelet respecto del cierre de Punta Peuco.
Lorena Pizarro aseguró que esperan que el gobierno se haga realmente cargo de este tema, como lo indicó la jornada de ayer la vocera Paula Narváez.
La actividad se llevará a cabo la tarde de este miércoles y abordará los casos de Hugo Arispe, José Huenante y José Vergara.
En la cápsula de 1 minuto y 39 segundos, donde también participa el abogado Héctor Salazar, cuatro hijas de militares condenados aseguran que el país "tuvo un quiebre que nos afectó a todos" y "que es tiempo de terminar con este odio".
Al caso de Hugo Arispe Carvajal se suman otros de la misma índole en Alto Hospicio y Puerto Montt. A la hora de determinar su paradero, las investigaciones han permitido constatar irregularidades como la adulteración de documentos y la manipulación en las declaraciones de testigos.
"No tenemos facultades para eliminarlos y por qué los vamos a eliminar, si todavía se mantienen como vivos", aseveró Patricio Santamaría. Llamó además a adoptar un "cambio de actitud" de cara a las elecciones municipales.
Las víctimas eran alumnos de la casa de estudios en época del régimen militar.
Alicia Lira, presidenta de la agrupación, aseguró que presentarán un escrito de protesta. Solicitan, además, que se prohíban los beneficios carcelarios para los condenados por violación a los Derechos Humanos.
