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Se trata de un actividad organizada por Equifax, que cuenta con stands de las empresas Hites, ABCDin y La Polar.

Desde 2001 el SII entrega información tributaria y obtiene acceso a datos de empresas como Dicom. En la entidad señalan que se está evaluando la continuidad de estos acuerdos con privados.

Tras el "borronazo", se eliminó sobre 70% de los deudores, quedando 1,1 millón de RUT morosos.

Más de 800 mil personas han reingresado a los registros de morosidad entre el 18 de febrero y el 20 de noviembre.

A través de un comunicado el municipio rechazó la denuncia realizada ante el Consejo para la Transparencia por el diputado Felipe Harboe.

El parlamentario presentó una serie de antecedentes ante el Consejo para La Transparencia para que se pronuncie respecto de la legalidad de la medida, que afectaría a cerca de 200 mil habitantes.

La Ley protege la atención de urgencia para los pacientes, asegurando que los centros de salud no consulten los antecedentes comerciales, para condicionar la atención. Superintendencia de salud contará con atribuciones para fiscalizar a privados.

Desde hoy, los datos de las personas morosas no podrán ser utilizados para fines como acceso a la salud, educación o empleo.

Desde La Moneda manifestaron que el día 13 de febrero es la fecha límite para la publicación de la ley ante la posibilidad de que se estén vendiendo los datos de las personas.

El parlamentario aseguró que los ejecutivos de Equifax estarían comercializando las bases del boletín comercial. Harboe pidió al gobierno acelerar la promulgación de la ley.

El diputado PPD explicó los principales puntos de la ley que ayer fue aprobada en la Cámara Baja, y que impide al Boletín Comercial entregar antecedentes con fines distintos a evaluación de riesgo para créditos.

El ministro del Interior agradeció el apoyo de los parlamentarios en la aprobación de esta nueva normativa, que beneficiará a 4 millones de deudores.

La normativa aprobada hoy impulsa una serie de modificaciones, donde destaca la prohibición de consultar datos para atenciones médicas o para contrataciones en el sector público y privado.

"Ningún chileno o chilena puede ser excluido por el hecho de tener algún antecedente comercial", dijo el diputado independiente.

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, dijo que están estudiando la fórmula para poder abordar este tema y así evitar la exclusión de las personas en aspectos como los servicios de salud o de oportunidades laborales.