Los ministerios que más dinero aportarán serán Salud, Obras Públicas e Interior con un total de US$299 millones, el 28% del total.
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La entidad busca informar a la Contraloría toda las reducciones de gastos que hoy tiene el Ejecutivo.
Estudio revela, además, que en 2018 sólo 25 de 332 programas contenidos en el proyecto de ley tuvieron algún cambio, como consecuencia del debate parlamentario, lo que dejaría en evidencia el desigual poder negociador del Congreso frente al Ejecutivo en el debate del erario nacional.
La merma de los recursos del fondo soberano se explicaría, señalaron desde Hacienda, por el menor rendimiento de las inversiones en dólares y el alza en la curva de tasas de interés.
La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales cree que la modificación del presupuesto vigente del sector público dejará al Estado atado de manos para cumplir satisfactoriamente con los programas sociales
La Dirección de Presupuestos dio a conocer que el ajuste fiscal 2018 tiene por objetivo cumplir con las medidas de austeridad para recaudar un monto cercano los US$ 4.600 millones para el período 2018 – 2021, pero que los presupuestos relacionados con la materia de infancia no se modificarán para lograr la meta impuesta por el Ejecutivo.
Según la Dipres, el gasto acumulado al cuarto mes creció 6,1% real anual, impulsado por el gasto corriente.
El foco de la crítica es el informe trimestral de recursos humanos, que señala que los traspasos a contrata aumentaron en 14.000 funcionarios en el último semestre de Bachelet. Anef y ex autoridades dicen que la cifra es errónea acusan manipulación.
Tres estudios de 2016, 2017 y 2018 advierten acerca del sobregasto operacional en el sector, que apunta fundamentalmente a las líneas de gasto en personal y de bienes y servicios.
La Dipres publicó el proceso de inscripción y sesiones de los comités del PIB tendencial y del precio del cobre, con el mismo mecanismo utilizado el año pasado.
La investigación detectó varias falencias, entre ellas debilidades en los mecanismos de control de accesos, vulnerabilidad en materia de seguridad y subutilización de las herramientas del sistema, lo que eleva los costos del sistema contable.
Se trata de 41 iniciativas que fueron sometidas a análisis para el proceso presupuestario 2018. De ellas, 31 no cumplen con los requisitos mínimos de coherencia y claridad establecidos por el servicio. Sólo 10 pasaron la prueba.
La entidad puso en consulta pública un decreto para normar la metodología, procedimiento y publicación del balance de gobierno, según lo estableció la Ley de Responsabilidad Fiscal. Ayer el ministro de Hacienda y sus antecesores volvieron a enfrentarse por este tema en el Congreso.
