La medida busca elevar los estándares de probidad para los postulantes a los cargos del Congreso y de la Presidencia, como también equiparar las inhabilidades ya existentes en otros puestos de elección popular.
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Todo inició luego que la parlamentaria oficialista decidiera no otorgar la unanimidad para discutir las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) hasta total despacho en las comisiones unidas de Constitución y Seguridad de la Cámara de Diputados.
Esta semana, el organismo autónomo propuso que las elecciones se realicen en dos jornadas ante el extenso padrón electoral y la obligación de sufragar.
El documento fue susctrito por parlamentarios de Renovación Nacional, el Partido Socialista, Evópoli, Demócratas, la Democracia Cristiana, el Partido por la Democracia, Partido Radical y el Partido Liberal.
Camila Flores, Catalina Del Real y Carla Morales solicitaron al órgano que realice la revisión de los caudales fiscales en todas las secretarías del Estado para encontrar si existen irregularidades en las reparticiones.
En 48 horas, las fuerzas de gobierno lograron amarrar descolgados y dividir a las bancadas de la DC y el PDG que, hasta el viernes, estaban inclinadas por pactar con la derecha. Incluso, dieron vuelta votos como el radical Tomás Lagomarsino, quien ya tenía un preacuerdo con la oposición.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos intervino, a través de la fórmula de “amicus curiae”, en favor de un recurso presentado por cinco parlamentarias. Según esa presentación, "el consumo de sustancias estupefacientes" por parte de legisladores "son datos sensibles" que no debieran publicarse. El hecho es cuestionado por la UDI, cuya bancada impulsó el examen obligatorio y público en la Cámara.
Ayer en la noche la derecha se reunió con fuerzas del PDG y la DC, y también esperaba invitar a parlamentarios del Partido Radical. De esta manera, el sector se empoderó en las conversaciones luego de que la comunista Karol Cariola se bajara de la competencia.
La legisladora comunista, apoyada por autoridades de gobierno, ha sostenido conversaciones con diputados que tienen su voto en suspenso. Por ejemplo, se reunió con René Alinco y Enrique Lee, y ha hecho gestos como poner en tabla el proyecto de autopréstamos. Además, ante una exigencia de la DC, tomó distancia de la querella contra Sergio Micco, exdirector del INDH.
Según un análisis encargado por la bancada del partido, basta una mayoría de diputados para rehacer la integración de las comisiones, instancias cruciales para definir la agenda legislativa. El documento es la base de la estrategia de la derecha, cuyo objetivo es lograr una alianza con el PDG, algunos DC e independientes para impedir que llegue la diputada comunista a la presidencia de la Cámara y luego reconfigurar todas las comisiones. Esa interpretación, sin embargo, es rechazada por el oficialismo, donde anticipan una "guerra" si ello llega a ocurrir.
El partido dirigido por Guillermo Teillier anunció que no “tolerará” que quienes pretendan desbancar a la legisladora -desconociendo el pacto suscrito en marzo de este año- vayan más allá e intenten, además, rehacer la integración de comisiones. El jefe de bancada de la colectividad, Boris Barrera, aseguró que pedirán destituciones "en cualquier momento".
Si bien la posibilidad de rechazar la renuncia de Soto corrió con fuerza hace un mes, en la misma derecha perdió piso esa idea, ya que ello no aseguraba un rediseño en la integración de comisiones. Las gestiones de Soto, sin embargo, fueron expuestas por René Alinco y confirmadas por el jefe de bancada de la UDI.
Una vez que el laboratorio de la U. de Chile procese los exámenes del primer grupo de diputados, el secretario de la Cámara, Miguel Landeros, procederá a entregar una nómina a los jefes de bancadas, en la que se detallará quienes no se sometieron al test o dieron positivo con una droga ilícita o no certificada médicamente. El informe, sin embargo, no precisará qué tipo de estupefaciente o psicotrópico.
La máxima competencia de básquetbol del país debió suspender su temporada y con eso, tanto clubes como jugadores se vieron perjudicados económicamente.
Líderes del movimiento estudiantil de 2011, las ahora diputadas del Partido Comunistas, han retomado su relevancia en el debate político al impulsar el proyecto que busca reducir la jornada laboral a 40 horas semanales. Ambas son vistas como la nueva cara del comunismo chileno.
