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Dos han sido las principales evaluaciones a las que ha sido sometida la política pública, que sólo para 2024 tendrá un costo total de $ 58 mil millones. En ambas se evidenció un débil seguimiento de los becados tras su retorno a Chile y dificultades para medir los beneficios concretos para el país. Desde el gobierno preparan tres grandes reformas al sistema, las que no estarán en marcha antes de 2026.
La agenda de trabajo de tres días -coordinada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)- le permitió a la delegación de ese país profundizar en aspectos del Presupuesto en Chile, con énfasis en monitoreo y evaluación de programas públicos.
De acuerdo al informe de Ejecución Fiscal de la Dipres, en el primer trimestre el gasto de capital creció 28,2%, siendo su mayor expansión desde 2009 para dicho periodo, mientras el gasto corriente subió 5,6%. Así, el gasto total se expandió 7,7%. Por el lado de los ingresos, estos cayeron 10%, influidos por la recaudación de la minería privada que retrocedió 12,8% y del litio que disminuyó 59,3%.
Para este año, el gobierno proyectó que el Producto Interno Bruto crecerá 2,5%, ubicándose por sobre la expectativa del Banco Central de 1,25% a 2,25%, mientras que el promedio del mercado se sitúa en 1,7%. Para la deuda pública, Hacienda prevé que no superará el 41,5% del PIB como máximo, y que luego se estabilizará en 41,2% del PIB. Eso para los economistas es una meta "ambiciosa", que implica un crecimiento del gasto público bastante acotado para los próximos años.
De concretarse esta proyección que hace Universidad San Sebastián prevé que la ejecución del gasto de capital “sería un 85% respecto de la última actualización publicada por Dipres en el Informe de Finanzas Públicas del tercer trimestre y alrededor de un 80% de la ley aprobada”.
En el último período, diputados opositores no le permitieron a la directora de Presupuestos ingresar a la sala de la Cámara durante la discusión del erario nacional y salieron a pedir su renuncia por su eventual responsabilidad en los traspasos irregulares de recursos públicos a fundaciones. Además, el informe de la comisión investigadora le hizo un reproche legal y administrativo y no consideró sus descargos por este caso.
A última hora fracasaron las gestiones para eximir al ministro de Vivienda de un juicio crítico de parte de la instancia investigadora de la Cámara. Un punto de prensa de la diputada Ericka Ñanco terminó por dinamitar las negociaciones con tres legisladores que eran cruciales para lograr un informe que protegiera al secretario de Estado.
Para aprobar el informe, la derecha debió atenuar la redacción contra el secretario de Estado, sin embargo, quedó una referencia que podría tener efectos constitucionales. El texto, además, cuestiona al jefe de asesores presidenciales, Miguel Crispi; a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, y a la exsubsecretaria Tatiana Rojas, a quien le asigna responsabilidades administrativas y penales.
A diferencia de otras figuras que podrían ser señaladas en el informe de la comisión investigadora de la Cámara, el caso del ministro de Vivienda es delicado. Él es el único de los aludidos que podría ser acusado constitucionalmente. Por lo tanto, la opinión de Raúl Soto (PPD), Andrés Jouannet (Amarillos) y Rubén Oyarzo (PDG) es vital para el futuro del titular del Minvu.
Si llegase a prosperar ese texto en la instancia fiscalizadora, sentaría un punto delicado para el futuro del ministro de Vivienda, a quien sectores de la derecha pretenden acusarlo constitucionalmente. Este concepto fue usado en el pasado para sostener los libelos en contra de los exministros Harald Beyer (Educación), Yasna Provoste (Educación) y Andrés Chadwick (Interior).
Al filo de que la instancia fiscalizadora terminara su período de audiencias, la directora de Presupuesto ingresó un escrito donde precisa que su repartición no flexibilizó traspasos desde gobiernos regionales a fundaciones. Si bien la oposición congeló su ofensiva en contra de la alta funcionaria de Hacienda, ello no sería suficiente para eximirla de un balance adverso de parte de los diputados.
Asimismo, el informe de ejecución fiscal mostró también que los ingresos totales del gobierno central acumulados a septiembre de 2023 registraron una disminución real anual de 16,1%.
De acuerdo a las estadísticas que tiene la Contraloría General de la República, el año pasado se recibieron 145.362 Declaraciones de Intereses y Patrimonio (DIP), de un total de 101. 230 funcionarios del Estado.
La directora de Presupuestos indicó que tienen “toda la disposición a explicar y a poner toda la información disponible. Pedimos venir a la Comisión de Hacienda del Senado, y la Cámara para explicar, explicar y seguir explicando porque ha habido una confusión cronológica de hechos, y una confusión sobre los roles que cumple la Dipres. Toda la disposición para explicar”.
