Un largo historial de contratiempos ha impedido una y otra vez cumplir con el cronograma de esta iniciativa, esencial para extender la vida de la división Salvador. Pero ya se avizora su fin: la mina ya está lista y la planta debiera alcanzar su capacidad de diseño en el segundo trimestre de 2025.
El nuevo convenio colectivo tendrá una vigencia de 36 meses y comenzará a regir el 1 de mayo de 2025 para un universo de 227 personas, según explicó la estatal.
El presidente del directorio de la minera estatal aseguró que existe un proceso en curso y que esperan llegar a buen término en las negociaciones. “Es un grave error que Chile exporte más del 50% de su cobre en forma de concentrados”, afirmó, pero también alertó sobre el “mal momento” para desarrollar el negocio, por políticas de costo cero y la sobrecapacidad en fundiciones chinas.
El convenio entre el CDE y Codelco incluye medidas comprometidas por la estatal por un costo de más de US$56 millones.
La testera de la estatal analizará el futuro de la división luego que el proyecto Rajo Inca quedara en entredicho. El escenario de cierre es una de las alternativas que está sobre la mesa. “Los plazos no dan”, afirma el exdirector de Codelco, Raimundo Espinoza.
Los equipos subutilizados en la división ubicada en Atacama, generados por el error de cálculo del plan minero, generó un costo para Codelco de US$ 48 millones, de acuerdo a Cochilco.
Sindicato cuestiona errores de la administración en el plan minero de la faena y "graves irregularidades" en la adjudicación de contratos al consorcio Trepsa Cerro Alto.
Se trata de un convenio de movimiento y traspaso de mineral realizado con el consorcio integrado por las empresas Tepsac y Vecchiola, en el que se contrató más equipo del que se requería para el trabajo. Profesionales que estuvieron a cargo de la elaboración del plan minero fueron desvinculados.
La empresa informó a las autoridades competentes e inició la investigación tras la muerte del supervisor Mario Rivera.
