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El ministro de Economía, Nicolás Grau, respaldó el desempeño del actual gobierno en el uso de recursos públicos y atribuyó las críticas por el tema a factores políticos y electorales.
Javier Naranjo y Marcelo Mena, ex titulares de Medio Ambiente durante los segundos gobiernos de Sebastián Piñera y Michelle Bachelet, respectivamente, analizaron el nuevo pronunciamiento del Primer Tribunal Ambiental, que ordenó al Comité de Ministros dictar una resolución complementaria, tras considerar en fallo dividido que incumplió parcialmente la sentencia que revivió el polémico proyecto minero-portuario en La Higuera.
Maximiliano Proaño, quien ejerce como ministro (s) de Medio Ambiente, defendió la legalidad del rechazo adoptado por el Comité al proyecto de Andes Iron, señalando que fue “tomó una decisión apegada a la Ley y a la sentencia del propio tribunal”. Además, cuestionó la orden dictada para que el SEA dicte una nueva resolución.
"El fallo del 1TA, en la práctica, demuestra un actuar inédito y grave de parte del Comité de Ministros, al negarse a acatar fallos judiciales", dijo la firma tras la decisión del Tribunal Ambiental de Antofagasta.
Si bien el ministro de Economía, Nicolás Grau, evitó referirse al fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta, sostuvo que “siempre los gobiernos tienen que, por supuesto, actuar de acuerdo a lo que dice la justicia. No está bajo discusión”.
El Primer Tribunal Ambiental dejó sin efecto la resolución que anuló la RCA de Dominga y ordenó al Comité de Ministros emitir una nueva resolución en 10 días. El tribunal rechazó la excepción de pago del SEA y concluyó que el Comité excedió sus atribuciones al incluir argumentos no contemplados en la resolución original.
El exmandatario fue sobreseído en línea con lo establecido por el Código Penal, que indica que la responsabilidad penal se extingue cuando un imputado fallece.
El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) ingresó un nuevo escrito donde arremete contra el documento que la compañía presentó hace una semana. Si bien reconoce que este tipo de informes pueden ser valiosos, señala que algunos aspectos reclamados por el abogado constitucionalista resultan “discutibles”, ya que no se refirió “a puntos de derecho sino a apreciaciones de los antecedentes y atribuciones de intenciones, perdiendo el propósito y careciendo de la objetividad que el mismo reclama”.
El abogado constitucionalista calificó como un hecho “inédito desde el retorno a la democracia (en 1990), que un ente integrado por nada menos que seis ministros de Estado haya incumplido una orden judicial precisa y determinada de un tribunal de la República”.
La defensa de la compañía ante el Primer Tribunal Ambiental solicitó la medida cautelar en el marco del procedimiento en curso por el cumplimiento incidental de la sentencia, dictada en diciembre y que revivió al polémico proyecto minero-portuario. En enero, el Comité de Ministros volvió a rechazar el proyecto.
En un nuevo escrito, el SEA planteó que “cualquier atraso que pueda identificarse no puede ser imputado a una negligencia o inactividad del Comité”. Además defendió la decisión de acoger las reclamaciones, ya que, argumentó, abordaban materias que no habían sido resueltas previamente por el Primer Tribunal Ambiental en su dictamen de 2021.
