Dorothy Pérez expuso ante la comisión investigadora de la Cámara, instancia a la que nos asistieron la exministra de Defensa, Maya Fernández; ni la senadora Isabel Allende: ni el exasesor del Segundo Piso de La Moneda, Leonardo Moreno.
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"Si la contralora nos dice que son armas de defensa no dudaré un segundo en comprarlas para los guardias municipales de Lo Barnechea", anunció el jefe comunal.
La contralora compareció este lunes ante la comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados que indaga el caso del exsubsecretario del Interior.
Luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago determinara que la resolución firmada por Dorothy Pérez se ajustaba a la normativa, la Fundación Fuerza Ciudadana -la misma que abrió la contienda legal- recurrió de apelación ante el máximo tribunal. Rebaten al tribunal de alzada capitalino e insisten en que la Contraloría no se puede desentender de sus labores.
El presidente de la instancia, Miguel Mellado, espera que se pueda referir al reciente oficio emitido por la entidad fiscalizadora sobre la asistencia de empleados públicos convocados a comisiones y por el caso de gastos reservados por parte del exsubsecretario del Interior.
Durante la jornada de este viernes, la contralora Dorothy Pérez emitió un instructivo para reiterar que todas aquellas personas que trabajen para la administración pública, y reciban sueldo fiscal, independiente de si son a honorarios o a contrata, están obligados a comparecer a las comisiones investigadoras, sin excepción. Esto incluye a asesores del Segundo Piso, como es el caso del sociólogo y exdiputado Miguel Crispi quien cuando fue requerido por la instancia que tramitaba el caso Convenios, según el Gobierno, "no tenía la obligación de asistir". El ente fiscalizador rechaza dicha interpretación de La Moneda.
El tribunal de alzada capitalino determinó que la contralora Dorothy Pérez actuó apegada a la norma al emitir el polémico dictamen. Se determinó, por lo mismo, que no habría vulneraciones asociadas y empleados públicos deberán acudir a tribunales si quieren defender la “confianza legítima” del cargo.
Para la jornada de este jueves está programado que la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revise el recurso de protección interpuesto por Fuerza Ciudadana. ¿Se mantendrá o no la jurisprudencia de “confianza legítima” que impuso el antecesor de Pérez?
Los efectos del dictamen con que Contraloría determinó que se abstendría de la revisión de reclamos de funcionarios a contratas desvinculados fueron suspendidos por determinación de la Corte de Apelaciones de Santiago. Sin embargo, a la fecha, el CDE no ha definido quién tomará la palabra en representación de Dorothy Pérez cuando se revise el fondo del recurso de protección que inició la contienda.
El organismo trabaja intensamente en una serie de informes y auditorías programadas en el marco de la gestión habitual que realizan año a año, pero además en dar respuesta a una serie de inquietudes planteadas por Palacio y por parte de diputados de oposición. Varios de estos, de hecho, son los que mayor expectación generan en la sede de gobierno.
Los resultados superan a los de 2022, donde el 62,14% tenía esta apercepción. Sin embargo, presentan una baja respecto a 2020, donde un 77,00% pensaba que el país era corrupto.
No han sido semanas fáciles en la Contraloría General de la República y es que desde que el 6 de noviembre, a 48 horas de ser ratificada en el Senado, la contralora Dorothy Pérez emitió un dictamen que cambiaba el criterio de su antecesor Jorge Bermúdez. Una paralización y manifestaciones convocadas por los empleados públicos y una reciente resolución de la Corte de Santiago pusieron en jaque una de las primeras iniciativas de la abogada a la cabeza del organismo.
La determinación se adoptó en medio de la tramitación de un recurso de protección interpuesto por la Fundación Fuerza Ciudadana.
La convocatoria incluye a diversas organizaciones del sector público, quienes pretenden atacar varios flancos, entre echar marcha atrás un dictamen de la contralora Dorothy Pérez que salpica a los trabajadores a contrata, además de buscar un reajuste salarial acorde al IPC.
A poco más de dos semanas de convertirse oficialmente en la nueva contralora, Pérez ya ha removido el tablero con la salida de históricas figuras y un giro en el criterio de su antecesor y antagonista sobre la "confianza legítima", que permitía a los funcionarios bajo contrata reclamar por sus desvinculaciones. Se trataría, según expertos, sólo de un adelanto de lo que se viene en sus ocho años en el cargo.
