Los resultados superan a los de 2022, donde el 62,14% tenía esta apercepción. Sin embargo, presentan una baja respecto a 2020, donde un 77,00% pensaba que el país era corrupto.
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No han sido semanas fáciles en la Contraloría General de la República y es que desde que el 6 de noviembre, a 48 horas de ser ratificada en el Senado, la contralora Dorothy Pérez emitió un dictamen que cambiaba el criterio de su antecesor Jorge Bermúdez. Una paralización y manifestaciones convocadas por los empleados públicos y una reciente resolución de la Corte de Santiago pusieron en jaque una de las primeras iniciativas de la abogada a la cabeza del organismo.
La determinación se adoptó en medio de la tramitación de un recurso de protección interpuesto por la Fundación Fuerza Ciudadana.
La convocatoria incluye a diversas organizaciones del sector público, quienes pretenden atacar varios flancos, entre echar marcha atrás un dictamen de la contralora Dorothy Pérez que salpica a los trabajadores a contrata, además de buscar un reajuste salarial acorde al IPC.
A poco más de dos semanas de convertirse oficialmente en la nueva contralora, Pérez ya ha removido el tablero con la salida de históricas figuras y un giro en el criterio de su antecesor y antagonista sobre la "confianza legítima", que permitía a los funcionarios bajo contrata reclamar por sus desvinculaciones. Se trataría, según expertos, sólo de un adelanto de lo que se viene en sus ocho años en el cargo.
La recién asumida contralora general designó nuevos titulares del organismo en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso, en la RM, Ñuble, El Maule, Los Lagos, Los Ríos y Magallanes. Además, nombró a una nueva jefa en la conducción de la División de Municipalidades y Gobiernos Regionales.
En un nuevo capítulo del programa de streaming de La Tercera, y entrevistada por Consuelo Saavedra, la secretaria general del Partido Comunista (PC), Bárbara Figueroa, criticó que la recién ratificada contralora emitiera un decreto que establece que los funcionarios públicos a contrata deban recurrir a los tribunales para alegar en el caso de despidos y no al ente contralor. "Nos preocupa", dijo, planteando que el órgano fiscalizador "se pone al margen de una función que le compete" y genera "un retroceso de garantías de estabilidad laboral para funcionarios públicos". En este episodio, además, el diálogo con Harold Mayne-Nicholls, quien detalló el recurso judicial que presentará contra la ANFP acusando discriminación con la Segunda División y todos los detalles del concierto que dará el próximo año Oasis en el Estadio Nacional.
En el programa de streaming de La Tercera, 'Desde la Redacción', Bárbara Figueroa cuestionó la resolución de la recién ratificada contralora, Dorothy Pérez, quien estableció que los funcionarios públicos a contrata deben recurrir a los tribunales para alegar en el caso de despidos y no al ente contralor. Al respecto, calificó de "preocupante" que la líder del órgano fiscalizador haya emanado este dictamen tras ser ratificada por el Senado y calificó el decreto como un "retroceso respecto de garantías de estabilidad laboral para los funcionarios públicos". Revisa en el video la entrevista completa.
“Yo diría que nadie podría complicarse con las palabras que ha emitido la ministra del Trabajo porque en sus declaraciones no dice nada más ni nada menos que el rol que cumple la Contraloría", aseguró la expresidenta de la CUT.
El organismo liderado por Dorothy Pérez estableció que los funcionarios públicos a contrata deben recurrir a los tribunales para alegar en el caso de despidos, y no al ente contralor, interpretación que regía hasta la era de Jorge Bermúdez.
La Contraloría estableció que los funcionarios públicos a contrata deben recurrir a los tribunales para alegar en el caso de despidos, y no al ente contralor, interpretación que regía hasta la era de Jorge Bermúdez.
Los gremios de la Mesa del Sector Público acusan a la contralora general de "abandono de deberes". La resolución que generó el disgusto de los organismos establece que el ente fiscalizador se abstendrá de pronunciarse sobre esta materia que establece que los trabajadores tengan una expectativa de continuidad en sus empleos, cuando sus contratos se renuevan de manera continua.
La contralora Dorothy Pérez desechó el criterio que estableció su antecesor, y determinó que aquellos trabajadores a contrata en el sector público que quieran alegar confianza legítima ante despidos, deben realizarlo en los tribunales de justicia y no en el ente fiscalizador.
La nueva contralora afirmó en su discurso su compromiso con la entidad y agradeció a los funcionarios por los 20 años de experiencia.
