Esta iniciativa crea un Fondo especial de US$12.000 millones estableciendo reglas para definir y proceder con los gastos en programas a favor de las familias y empresas.
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Varios traspiés sufrió este martes el Ejecutivo en su afán de apurar los proyectos que contemplan medidas económicas para las personas y las empresas, pese a las sucesivas reuniones de Briones.
Uno de los criterios que se estudia es que las firmas acrediten caída en sus ventas, ya que con eso se busca llegar a los sectores más afectados como comercio, turismo y construcción. Los economistas concuerdan en los plazos de duración de este beneficio.
El veto fue rechazado, pero la insistencia no fue aprobada.
En el marco del nuevo formato “Pulso Debate”, el exdirector de Presupuestos y actual investigador de Clapes UC, Rodrigo Cerda y el exTesorero y actual investigador del Centro de Estudio Regional de la Universidad de Los Lagos, Hernán Frigolett, abordaron los principales alcances y efectos de este proyecto.
Impulsado por pedidos de bienes como maquinarias y equipos eléctricos, el sector en junio creció a su mayor nivel en dos años.
Si bien las cifras oficiales indican que existen casi 350 mil contagiados desde el inicio de la pandemia, las licencias superan ese número pues también incluyen las preventivas.
Durante la sesión hubo inquietud porque dentro del millón 600 mil beneficiado, hay sectores que siguen quedando fuera de cualquier apoyo, como los transportistas.
El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Matías Walker, puso en tabla el proyecto que busca aplicar un impuesto por una sola vez, a los grandes patrimonios.
El instituto alemán Ifo dijo que su índice del clima empresarial subió desde los 86,3 puntos del dato revisado de junio hasta los 90,5 en julio.
Una serie de instrucciones mediante circulares ha estado emitiendo el SII en estos últimos meses para ir concretando los cambios de la última ley que no solo crea impuestos a los servicios digitales y las casas, sino que también incorpora normas en beneficio de los contribuyentes, como el llegar a acuerdo en los juicios pendientes con la autoridad.
Una radiografía a lo que podría ser clase media muestra una pronunciada destrucción de puestos de trabajo.
A su juicio, en términos de redistribución, un solo impuesto no es la respuesta. Además, las transferencias resultan incluso más relevantes.
La actual propuesta de Argentina ofrece pagar un promedio de US$53,5 por cada US$100 prestados, frente a la anterior oferta que daba US$39 por cada US$100 y que fue rechazada en mayo.
Así lo señaló el ministro de Economía, Lucas Palacios, quien además sostuvo que todos los protocolos para el funcionamiento de la actividad se “han trabajado con los distintos gremios, y también con el departamento de salud ocupacional del Minsal”.
