En el informe elaborado por Cochilco, se sostiene que no se evidenció que las contralorías divisionales de los sindicatos involucrados en el presunto delito (Chuquicamata 1, 2, 3 y Radomiro Tomic), hayan ejercido las actividades de control y monitoreo establecidos en los cuerpos normativos que regulan estos procesos.
Carolina Pizarro/Francisca O´Ryan
1 feb 2020 04:00 AM