A pesar de que la Constitución se lo prohíbe y en medio de críticas por su modelo autoritario, el mandatario se aprestaba este domingo a oficializar su candidatura para los comicios de 2024. “No soy un dictador”, se defiende.
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Un tribunal salvadoreño sentenció al exmandatario a cumplir la pena por el delito de defraudación al fisco en modalidad de evasión. Funes ya fue condenado a fines de mayo de este año a 14 años de prisión por la tregua pactada con las pandillas, decisión calificada de “histórica” por la Fiscalía de ese país centroamericano.
El mandatario buscará gobernar el país por otros cinco años, pese a que según abogados y opositores la Constitución prohíbe la reelección.
Sin embargo, una organización defensora de los derechos humanos afirmó que las muertes de los detenidos fueron resultado de torturas y lesiones graves.
Según la Fiscalía salvadoreña el exmandatario autorizó el asesinato de seis sacerdotes jesuitas -cinco de ellos españoles- y dos mujeres perpetrado por militares en 1989.
En el reporte de la ONG Cristosal, a raíz del primer año de El Salvador bajo el régimen de excepción decretado por el Presidente Nayib Bukele, se relatan desde torturas hasta más de 150 muertes al interior de las prisiones del país.
Una ONG del país centroamericano compartió un informe en el que se detalla el número de muertes y las condiciones que enfrentan los detenidos.
El exmandatario salvadoreño enfrentaba cargos por los delitos de agrupación ilícita e incumplimiento de deberes. “Se consideraban intocables, pero llegó la hora de poner fin a tantos años de impunidad selectiva; esos que hacían negociaciones oscuras a costa de la sangre de los salvadoreños han sido condenados a pagar en prisión por el daño causado a la sociedad”, dijo el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.
Según el informe de la organización no gubernamental salvadoreña Cristosal, ninguna de las personas fallecidas había sido declarada culpable del delito que se les atribuía cuando fueron detenidos. El organismo también reveló que los decesos fueron resultados de torturas y lesiones graves.
Expertos de Naciones Unidas señalaron en un informe que “el estado de excepción fue declarado luego de una serie de asesinatos relacionados con pandillas. A pesar de su obligación de proteger a los ciudadanos de actos tan atroces, el gobierno no puede pisotear el derecho a un juicio justo en nombre de la seguridad pública”.
La noche de este sábado se produjo el triste episodio en el estadio Cuscatlán, en San Salvador. La Policía aseguró que el caos se debió a los hinchas que intentaron ingresar sin su tickets.
La Federación Salvadoreña de Fútbol dijo en un comunicado que lamentaba lo sucedido y que se solidariza con las familias de las víctimas fatales. El encuentro fue suspendido debido al incidente, mientras que los muertos podrían aumentar.
El mandatario salvadoreño Nayib Bukele, tras la aprobación por decimocuarta vez del régimen de excepción, aprovechó para fustigar nuevamente a las organizaciones defensoras de DD.HH. que han criticado las políticas de seguridad de su gobierno. "Que sepan todas las ONGs de derechos humanos, que vamos a arrasar con estos malditos asesinos, los meteremos en prisión y no saldrán jamás", aseguró.
“Tenemos más de un año bajo esta estrategia y hemos podido palpar los resultados, los cuales confirman que vamos por la ruta correcta. Le hemos devuelto a los salvadoreños la esperanza de vivir en paz y desplazarse tranquilamente en el territorio”, dijo el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, al presentar la petición al Congreso de El Salvador.
A través de un video en Twitter, su gobierno indicó que la cifra es un "logro sin precedentes". La pieza audiovisual menciona que “hoy El Salvador ya es indiscutiblemente el país más seguro de Latinoamérica”.
