A pesar de que algunas ministras del Tribunal Constitucional hicieron un reproche al Senado por haber tramitado este proyecto con un quorum más alto, la mayoría del TC visó la iniciativa que ya está en condiciones de ser promulgada por el Presidente Boric.
El principal nudo es la sanción monetaria a quienes no concurran a las urnas. En el oficialismo prefieren que la multa no se aplique a los extranjeros que están habilitados para votar. Sin embargo, para persudir a los detractores, el Ejecutivo propondría que la multa -que se aplicaría a chilenos y a extranjeros- solo tendría efecto este año.
En 2020 el sector reclamaba "cálculo electoral" de la derecha cuando rechazaron el proyecto, y en 2021, el entonces diputado Gabriel Boric celebró su aprobación. Hoy, el diputado Gonzalo Winter -de los pocos que se han mostrado contrarios a la iniciativa en el pasado- sinceró la nueva postura que han asumido en parte del conglomerado.
El ministro de la Segpres insistió además, que en los próximos días se presentará la propuesta para “incorporar una sanción para los ciudadanos y ciudadanas que no ejerzan su obligación conforme lo establece la Constitución”.
El parlamentario del Frente Amplio recalcó que "a los que quieren obligar, forzar, a ir a votar, son los pobres, por eso es que este proyecto es antipobres"
La diputada Daniella Cicardini explicó que "el objetivo de esta medida es poder asegurar que las decisiones claves de Chile sean tomadas exclusivamente por ciudadanos chilenos, porque tienen un vínculo directo y permanente con nuestra nación".
Andrés Tagle recordó que la discusión en torno a las multas forma parte de una norma transitoria. Además, planteó que desde el Servel son partidarios “de un procedimiento completamente distinto” en esa materia.
El presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Andrés Tagle, informó que la indicación gubernamental para reducir el reembolso fiscal por voto que reciben candidatos y partidos "no es una iniciativa del Servel". Agrega que si bien organismo que dirige proveyó la información técnica que sustenta la medida, el servicio es "prescindente" de la discusión política que hoy divide tanto al oficialismo como a la oposición.
El ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, entregó detalles de la normativa, que incluye también un aumento en el número de establecimientos para ser locales de votación y "un adelanto en la presentación de los gastos electorales para evitar conductas ilícitas respecto de quiénes, una vez realizada la elección, han abultado los rendimientos", según relató.
