En su último trámite en el Congreso, el veto del Ejecutivo fue aprobado por la Cámara con 138 votos a favor y solo 2 en contra. Esa mayoría, que se suma al apoyo casi unánime que le dio el Senado, le permitiría al ministro Elizalde sanear ante el Tribunal Constitucional los eventuales vicios formales que hubo en la accidentada tramitación de esta reforma. Las disposiciones, sin embargo, solo regirán para los próximos comicios.
Tras ser aprobado este martes por la Cámara de Diputados, ahora el proyecto deberá ser revisado en su conjunto por el Tribunal Constitucional.
El trámite seguirá su discusión en la Cámara de diputados.
Eran siete los puntos que los parlamentarios debían votar. En ninguno de ellos hubo mayor discusión, excepto en la cuarta observación, la cual fue votada de forma separada a petición de la senadora Luz Ebensperger (UDI).
Y aquí está lo más equivocado y peligroso de esta triste comedia de equivocaciones: haber hecho, entre gallos y medianoche, a tres meses de una elección, cambios a las reglas. Es lo contrario a lo que John Rawls proponía, hacer reglas bajo “el velo de ignorancia”, es decir, con prescindencia de qué lugar uno ocupa en la sociedad.
La ministra señaló que para el Ejecutivo es importante conversar con los distintos actores para garantizar "las condiciones de su aprobación".
Sobre esta facultad del Ejecutivo busca restablecer la sanción para las personas que no cumplan con la obligatoriedad del sufragio, la secretaria de Estado adelantó que “aquí quedó en el aire la sanción al no cumplimiento de la obligatoriedad del voto y eso se tiene que resolver en el veto”.
La irrupción del ministro de la Segpres implicó un brusco cambio de mano en la conducción del proyecto, que hasta el martes en la mañana había sido tramitado por la subsecretaria Lobos. En el oficialismo admiten que en el rechazo a las multas hubo una consideración electoral por el efecto del voto de los extranjeros, pero alegan que la derecha, por lo general crítica de la migración, también tenía un interés político detrás.
En un nuevo capítulo del programa de La Tercera, el periodista Nicolás Quiñones abordó desde el Congreso la decisión del Ejecutivo de vetar la iniciativa legislativa con tal de reponer las multas por no votar. Esto, luego de que la Cámara Alta rechazara el informe de la comisión mixta. Revisa aquí todos los detalles.
El ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, afirmó que hubo falta de diálogo y voluntad de acuerdo, luego de que la Cámara Alta no aprobara el informe de la comisión mixta y tras la controversia que generó la propuesta del Ejecutivo en la terminología “ciudadanos-electores” sobre aplicación de multas a quienes no concurran a votar.
Los senadores Juan Antonio Coloma y Manuel José Ossandón reprocharon el resultado de la votación en la Cámara Alta al informe evacuado por la comisión mixta del proyecto que apunta a realizar elecciones municipales y regionales en dos días, atribuyendo este escenario a las abstenciones de parlamentarios oficialistas.
A pesar de que el proyecto desordenó al oficialismo y a la oposición, ahora esa mezcla de posturas juega a favor del Ejecutivo. Ya habría una mayoría de siete votos -de 10 integrantes de la comisión mixta- para reponer las sanciones monetarias a quienes no concurran a votar, mientras que reducir el financiamiento electoral tendría seis adhesiones. No obstante, el principal escollo será la Sala del Senado.
A diferencia del Senado, el procedimiento de la Cámara para designar a quienes serán parte de comisiones encargadas de resolver nudos legislativos, no está completamente regulado por reglamento. La presidenta de la corporación, Karol Cariola, admitió que hay reclamos y dijo que se está buscando una alternativa para futuras nominaciones.
“Si no hay sanción, quiere decir que es una elección de voto voluntario. Por lo tanto, este proyecto (de elección en dos días) no tiene ningún sentido. Si no repone la sanción, este proyecto no debiera ser ley”, advirtió el senador Ossandón, quien presidirá la comisión mixta que intentará destrabar la iniciativa.
De ser aprobado en la sala, el reembolso fiscal a los candidatos pasará de $1.500 a $970 por cada sufragio.
