Leslie Ayala C.
6 may 2019 01:27 PM
Los fiscales encabezan las indagatorias penales y administrativas dirigidas hacia el jefe regional de O'Higgins.
"Pasamos de un escenario en que se cuestionaba la judicialización de la política, a uno en que queda de manifiesto la politización de la justicia. El fenómeno daña profundamente la ya escasa confianza en las instituciones y refuerza la idea asentada de la existencia de dos justicias en nuestro país, una para la gente normal y otra para los que tienen poder".
"Hoy en las sociedades democráticas modernas, en todos lados del mundo, los fiscales adquieren un protagonismo importante por la función que se les asigna... se transforman en rockstar. Distinto es que se adopten decisiones (judiciales) solo por razones de publicidad o de presencia pública..."
El persecutor señaló además que lo que más le preocupa es que pasará con las investigación que lleva junto a su equipo e insistió en que no renunciará debido al "compromiso" que tiene con ellos.
Emiliano Arias no fue el típico estudiante de Derecho. Era inquieto, pasó por varios colegios en su natal Chillán y decidió ser abogado porque pensaba que le daría libertad. Luego de una ascendente carrera de 15 años en el Ministerio Público, la persecución de casos de financiamiento irregular de la política lo llevaron a tener una exposición pública que nunca sospechó. En 2016, Reportajes de La Tercera publicó un perfil del persecutor en medio de la pugna que sostenía con el Fiscal Nacional, Jorge Abbott. Éste es el retrato de su personalidad.
Jefe regional de O'Higgins indicó que revisará la resolución para decidir qué acción realizará. El persecutor Sergio Moya continuará en la causa. Las indagatorias quedarán en manos de la Fiscalía Metropolitana Sur, hoy liderada por Raúl Guzmán, quien el 1 de mayo asume la secretaría del Senado.
Una ministra de la Corte Suprema y dos fiscales regionales llevan en forma simultánea las investigaciones en contra de los jueces del tribunal de alzada de Rancagua por casos de nombramientos irregulares, tráfico de influencias y eventual cohecho. Se trata de uno de los mayores escándalos del Poder Judicial en el último tiempo, cuyas esquirlas también han alcanzado al senador Juan Pablo Letelier y a un funcionario de gobierno.
De acuerdo a lo indicado por Marcelo Vásquez, contra quien el fiscal Emiliano Arias abrió una causa penal, las labores de reemplazo que habría realizado su hija se efectuaron "conforme con la reglamentación requerida".
Un inédito listado realizado por la Fiscalía Nacional revela el detalle de los casos penales que afectan a la Iglesia Católica chilena. Desde el 2000 a la fecha, 221 sacerdotes y ocho obispos están en la mira de una histórica causa penal que, además, imputa supuestos encubrimientos de estos delitos en las más altas autoridades del clero chileno.
En calidad de imputados se investiga a los obispos Ricardo Ezzati, Juan Barros y Gonzalo Duarte, entre otros. La tesis en la Fiscalía es que sus acciones u omisiones acreditan la existencia de una cultura de encubrimiento por parte de altos dignatarios de la iglesia.
La medida se sustenta en que tras requisar información del obispado de Rancagua y el arzobispado de Santiago, se llegó a la conclusión de la existencia de delitos de naturaleza sexual cometidos contra menores de edad y de acciones que acreditan la existencia de encubrimiento por parte de miembros la iglesia.
Diego Ossa Errázuriz, sacerdote y quien fuera miembro del círculo más cercano del expárroco de El Bosque, hoy es investigado en el ámbito penal por tres denuncias recibidas por la Fiscalía de Rancagua. La Iglesia también lo investiga y lo tiene bajo medidas cautelares. Reportajes tuvo acceso a la apelación de Ossa, en la que por primera vez toma distancia de su otrora mentor, Fernando Karadima.
El persecutor no quiso entregar detalles respecto de las diligencias que efectuará en el futuro, con el fin de no dañar la indagatoria, así como tampoco quiso responder si es que el obispo Alejandro Goic está siendo indagado como imputado.