En medio del proceso de registro que culminó en febrero pasado, 182.119 personas que ingresaron al país por pasos no habilitados entregaron sus antecedentes. Y de ellos, como relevó una medición realizada por el organismo dirigido por Luis Thayer, casi un tercio tiene estudios superiores completos y prácticamente la totalidad emigró de su país por necesidades económicas.
El 40% de los empadronados corresponde a la Región Metropolitana. El gobierno calificó el proceso como "exitoso".
Se implementa con fotografía frontal del rostro de las personas en situación irregular y la toma de huellas dactilares por detectives de la PDI hasta el 6 de octubre. El trámite no constituye un proceso de regularización.
Este proceso lo deben realizar extranjeros mayores de 18 años que, hasta el 30 de mayo de este año, hayan ingresado al país evitando el control migratorio o por un paso no habilitado y vivan en Chile actualmente.
El subsecretario del Interior hizo énfasis en que el proceso "no es un perdonazo ni tampoco es sinónimo de regularización", sino que "es una acción de seguridad con el objeto de poder tener la identidad de aquellas personas que están en el territorio nacional”.
Quienes se hayan autodenunciado ante la PDI tras haber ingresado por un paso no habilitado podrán acceder al registro. Como se desprende de la resolución que habilita el procedimiento, la idea es saber quiénes son y dónde están aquellos migrantes en situación irregular a fin de fijar medidas. "Se utilizará la base de datos recolectada para su incorporación en el Registro Nacional de Extranjeros y, la evaluación, diseño y ejecución de políticas públicas", se detalla.
