Ambos abogados asumieron la defensa pro bono del exdirector del INDH, quien es acusado por la Comisión Chilena de Derechos Humanos de encubridor de delitos de lesa humanidad durante el estallido social de 2019. De acuerdo con el análisis que hacen tras el estudio de la acción judicial, se está ante "una arremetida del Partido Comunista" que hace imputaciones "falsas e injustas".
El encubrimiento se configuraría porque todas las indagatorias internas realizadas durante su periodo que involucraron a menores de edad y que se mantuvieron ocultas de la justicia civil llevan su firma y la del o los promotores de justicia del Tribunal Eclesiástico asignado para cada causa.
Miembros de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores afirman que en abril de ese año enviaron una delegación a Roma específicamente para entregar la misiva sobre el obispo Barros. La carta de Juan Carlos Cruz describía los abusos, besos y manoseos que dice haber sufrido a manos de Fernando Karadima, unos abusos que, afirmó, Barros y otras personas presenciaron e ignoraron.
Sacerdote se refirió al anuncio del Pontífice de enviar a Charles Scicluna para recopilar antecedentes sobre las acusaciones en su contra.
