INNA, un proyecto de hidrógeno y amoníaco verde que la norteamericana pretende levantar en Antofagasta, vive un día crucial en su proceso de tramitación ambiental. El SEA regional tiene plazo hasta este lunes para emitir un pronunciamiento que ponga término anticipado a la iniciativa, ante la posible falta de información relevante o esencial. Los detractores del mundo científico presionan al servicio, mientras desde la empresa confían en los antecedentes entregados.
Pese al arribo de Aramco al país, y a estar presentes en proyectos como el MUT de Tobalaba, no existe una estadística formal de cuántos recursos se han canalizado desde esos estados árabes, que poseen cuantiosos fondos soberanos que buscan iniciativas atractivas donde rentabilizarlos mejor. El viaje del Presidente Boric a Emiratos Árabes Unidos en noviembre pasado se ve como un paso para estrechar la relación y elevar dichas inversiones, que hasta ahora han sido millonarias pero puntuales.
A través de un informe, se detallaron conflictos sobre su ubicación y se solicitó una mayor evaluación de una posible afectación a la observación astronómica.
Según el Sernac, la empresa “se negó a compensar de manera proporcional y suficiente a los hogares, con un estándar muy por debajo a los acuerdos alcanzados con Chilquinta y Enel”.
Lutz Kinderman, CEO de la firma presente en Chile hace 15 años, se muestra convencido en que las distintas escalas de generación eléctrica “tienen que coexistir”, pero en una cancha más pareja.
Los antecedentes recopilados registran que el robo ocurrió en la madrugada de este jueves, donde se sustrajo el conductor eléctrico y se desmanteló todo el equipo.
El proyecto fotovoltaico fue ingresado a evaluación ambiental la primera semana de febrero, con planes de instalarse en la comuna de Pozo Almonte, en la Región de Tarapacá, con una línea de transmisión de 13,3 kilómetros. Cuenta con una capacidad instalada de 184.9 MWac, además de un sistema de almacenamiento mediante baterías (BESS) de 185 MW por 5 horas.
El acuerdo contempla un total de $1.139.981.699 en compensaciones, que se reflejarán en las cuentas de las luz, y pueden variar entre los $1.000 por cliente, tras una duración de menos de cuatro horas sin suministro, hasta los $148.443 por cliente, luego de alcanzar entre las 144 a las 168 horas sin luz.
El Ministerio de Medio Ambiente reconoció que la propuesta arroja un “bajo beneficio”, pero que “desde el punto de la justicia ambiental, esto no debe ser un impedimento para considerar que la normativa no pueda ser aplicada. Las empresas han reiterado que la propuesta “obligaría a un cierre anticipado” de las carboneras, impactando la seguridad del suministro eléctrico.
La tecnológica finlandesa Wärtsilä Energy, junto a la consultora Inodú, publicaron un trabajo que plantea la necesidad de aumentar la seguridad en la operación del sistema, ante el retiro de las centrales a carbón, por medio de centrales que aporten flexibilidad.
Dos áreas se perfilan con un crecimiento exponencial en los próximos años: la minería y la energía. ¿La razón? En el ámbito minero se estima la creación de 34 mil puestos de trabajo. Por su parte, el rubro energético, impulsado por las energías limpias, demanda cada vez más técnicos especializados. Descubre los perfiles laborales que estos sectores están buscando.
La multa alcanza los 16 mil UTM, equivalentes a más de $1.000 millones, por el corte de luz que afectó a casi 160 mil viviendas de las comunas de Alegre, San Javier, Maule, San Clemente, Constitución y Talca.
La iniciativa, que se ubicará en Pozo Almonte, considera además un sistema de almacenamiento mediante baterías para aprovechar la energía disponible del sistema y luego inyectarla en horarios de menor generación. La compañía tiene un portafolio de proyectos solares y eólicos por 2,5 GW en el país.
Analistas estiman que el cifra de enero se ubicará entre 0,7% y 1%. Para 2025 se anticipa que los datos mensuales irán de más a menos, para finalizar con una inflación de entre 3,5% y 4,3%. El Banco Central anticipó en el último Ipom un 3,6% para el año.
El proceso de actualización del Decreto N° 13 de 2011, que ya supera los cinco años de trabajo, se apresta a concluir luego que el Ministerio de Medio Ambiente presentara el proyecto definitivo a fines de 2024. Sin embargo, las empresas no sólo advierten que sus observaciones no han sido consideradas, sino que apuntan a errores en la información del análisis de impacto económico de la propuesta, y exclusiones de los planes de reconversión ya anunciados, como el de co-combustión.
