En julio, el titular subrogante de la SISS, Jorge Rivas sostuvo reuniones con ejecutivos de Essal, Aguas Andinas y el gremio Andess.
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Es ingeniero comercial de la Usach y Magíster en Desarrollo Organizacional de la U. Diego Portales.
No es primera vez en este año que Essal debe ajustar su plana ejecutiva por una crisis: el 27 de mayo pasado renunció Hernán Köning, ex gerente general, tras haber sido formalizado por la Fiscalía junto a otra ejecutiva por su presunta responsabilidad en la contaminación del Río Clavito en Los Muermos. Köning -según publica en su perfil de Linkedin- es hoy gerente de Relaciones Técnico y Científicos de Aguas Andinas.
La salida de Gustavo Gómez ocurre tras la crisis que mantuvo a Osorno sin agua potable durante 10 días, episodio que podría traer severas consecuencias para la compañía.
La situación se da luego de la crisis que mantuvo a Osorno sin agua potable durante 10 días y que podría traer severas consecuencias para la compañía.
El pasado mes de febrero, Essal detalló al regulador una serie de falencias en la planta de Osorno. Frente a los temores de que un proceso de caducación termine por afectar las inversiones del sector sanitario, el superintendente (s) Jorge Rivas se mostró enfático y respondió: "Esto no anda al lote". Mientras, la SEC confirmó la formulación de cargos a la sanitaria.
Se sintió culpable apenas supo que había dejado a Osorno sin agua. El operario de Essal estuvo tres días sin dormir, dejó su casa y está con tratamiento farmacológico. Sus cercanos responsabilizan a la compañía por los turnos extenuantes y las malas condiciones de trabajo.
Empresas & Mercados Essal detalla monto de compensación que se hará efectivo desde la próxima boleta
La empresa indicó que los descuentos a clientes se harán de forma directa y automática.
La sanitaria calculó en $2.500 millones las indemnizaciones para los clientes afectados, además de una menor facturación por los días en que no hubo servicio, que alcanza los $250 millones.
En la carta, firmada por Gustavo Gómez, gerente general de la empresa, señaló que, por una parte, los impactos conocidos a la fecha son las indemnizaciones automáticas contempladas en la Ley N°19.496 de Protección de los Derechos de los Consumidores, que se estiman en $2.500.000.000, y los efectos en menor facturación estimados en $250.000.000.
Con ello se busca establecer compensaciones adicionales a las que establece la ley, por los costos que tuvieron los usuarios para proveerse de agua, suplir el servicio o mitigar sus efectos.
El dirigente sindical afirma que "por cada planta tenemos un operador a cargo de ella. Son 28 plantas de tratamiento ubicadas fuera del radio urbano, donde gran parte del día está un operador solo en las mismas condiciones en que estaba el operador de la planta Caipulli".
La mesa de trabajo es para dimensionar los daños y determinar indemnizaciones adicionales a las que establece la ley.
El oficio firmado por Cristián Álvarez, intendente de supervisión del mercado de valores, exige a la compañía informar los efectos financieros en los resultados de la sociedad y la existencia de seguros comprometidos.
Joaquín Villarino indicó que un tema así debe analizarse con prudencia y que un posible cambio al marco regulatorio pueden generar mucho daño.
