El mayor plazo que se ha dado para que esta comisión evacúe su informe es pertinente, considerando la importancia que tiene para el país que se alcance una propuesta de consenso que permita resolver el conflicto en torno a las tierras indígenas.
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La ministra informó que, “en el corto plazo”, el gobierno no tiene previsto realizar una retirada o una desescalada del despliegue militar. “Nosotros valoramos mucho el instrumento del estado de emergencia. Ha sido vital, pero no pensamos que ha sido el único instrumento. Tan importante como el estado de emergencia han sido otras de las medidas, como el refuerzo de la persecución penal”, dijo.
El contraalmirante de la Armada, Roberto Zegers, fue designado para el cargo. Se informó también la prórroga de 30 días del estado de excepción constitucional de catástrofe en las comunas de Quilpué y Viña del Mar.
Según un estudio de la Fundación P!iensa, los delitos más frecuentes son los hurtos (29,5%) y los robos de vehículos motorizados y robo de objetos de o desde vehículos motorizados (19,1%), configurando "una situación alarmante en materia de inseguridad". Lo anterior ha llevado a parlamentarios a poner en discusión la posibilidad de decretar un estado de excepción constitucional.
El líder de una de las fracciones de esta comunidad emplazada en Ercilla aborda la invocación del actual gobierno del estado de excepción constitucional que vuelve a instalar a militares a la zona. Es crítico con las decisiones del Presidente y en un tono muy parecido a Héctor Llaitul advierte que "nos vamos a defender". Con todo, Queipul no se hace cargo de los episodios de violencia que se han incrementado en las últimas semanas y que llevaron al Ejecutivo a tomar estas medidas.
A pesar de que el gobierno optó por decretar un estado de emergencia para la Macrozona Sur, al cabo de 30 días esa medida tendría que ser visada por el Congreso, donde la principal incógnita es el reparo de las fuerzas de izquierda. Sin embargo, un grupo transversal de parlamentarios pretende seguir tramitando un nuevo mecanismo para que el Mandatario pueda usar a militares en tareas de orden y seguridad interna. Ministro Jackson, en tanto, informó que no insistirá en esa iniciativa y que por prudencia prefería esperar que concluyera el proceso constitucional. Ese comentario molestó a los parlamentarios.
Ante la división que existe en la coalición oficialista ante la iniciativa, que entrega un nuevo rol a las FF.AA., el gobierno le pidió al senador Matías Walker (DC) dar más plazo a las negociaciones y cancelar la citación del lunes de la comisión en la que el Ejecutivo presentaría sus indicaciones.
Algunas bancadas ya se están organizando para cumplir al menos con “un turno veraniego”, con el fin de participar de una sesión extraordinaria en febrero. Los reglamentos de la Cámara y el Senado, en ese sentido, autorizan que se pueda votar con un mínimo de 52 diputados y 14 senadores.
El vocero de gobierno, Jaime Bellolio, confirmó durante la tarde el envío, pero agregó que “no implica que vayamos a seguir haciendo exactamente las mismas cosas que hemos hecho hasta ahora”. Sobre el toque de queda, cuya continuidad ha generado críticas desde distintos sectores, planteó: “imaginémonos que este proyecto es como una caja de herramientas, en donde hay varias cosas que se pueden hacer, pero no necesariamente uno tiene que utilizarlas. Entre ellas está, por ejemplo, el toque de queda”. Hace algunas semanas la UDI amenazó con rechazar la extensión del Estado de Excepción Constitucional del Catástrofe.
